La hermana del presidente Núñez Feijóo es apoderada de la empresa de atención al consumidor

El PSdeG reclama la Xunta que anule el contrato a Eulen

Juan Carlos Francisco, ayer durante la rueda de prensa. (Foto: EP)
El portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Carlos Francisco Rivera, defendió ayer la la 'nulidad' del contrato que la Xunta concedió a Eulen, la empresa de la que es apoderada en Galicia la hermana del presidente Feijóo, por entender que se fraccionó de forma 'fraudulenta' para evitar que debiese salir a concurso público.
El diputado socialista se hizo eco de la denuncia materializada hace una semana por la CIG, en relación con la adjudicación del servicio de atención del Instituto Galego de Consumo (IGC) para afectados por preferentes a la empresa de la que es apoderada la hermana de Feijóo. Ello, a través de dos procedimientos negociados sin publicidad, por valor de 60.000 euros en la provincia de A Coruña y de 25.000 en la de Pontevedra, puesto que el límite para este tipo de adjudicaciones sin concurso público está en 60.000 euros.

El parlamentario ourensano avanzó además que su grupo pedirá que el Consello de Contas y la Intervención Xeral de la Xunta 'fiscalicen' esta adjudicación. 'La única explicación es poder adjudicar a dedo un contrato a una empresa vinculada a la hermana de Feijóo', insistió, para criticar a renglón seguido al presidente por 'ser el adalid de la reducción del Parlamento y la democracia y del ninguneo de las instituciones' mientras comete esta 'cacicada'.

En cuanto a las funciones que desarrollará Eulen en la atención a los afectados por preferentes en las provincias de A Coruña y Pontevedra, el parlamentario del PSdeG se preguntó por los motivos de la exclusión de las dos provincias orientales de Galicia. Además, ha requerido conocer si esta empresa privada ofrecerá 'sólo asistencia telefónica' o también tendrá acceso a 'datos personales y económicos' de los afectados, que 'viciarían su privacidad'.

En lo que atañe a la resolución del conflicto generado por este producto financiero, Francisco Rivera abordó el 'sobrecoste' que supone para las arcas públicas que la Xunta esté 'primando a funcionarios' para que se hagan cargo del arbitraje. En este sentido, el parlamentario socialista reclamó que 'sea repercutido y exigido a las entidades financieras, que son las que tienen que solucionar el asunto'.

Tras señalar que el propio presidente de Novacaixagalicia Banco, José María Castellano, indicó que el arbitraje únicamente serviría para 'el 15 o el 20 por ciento' de los casos, declaraciones que no contribuirán a mejorar 'la imagen y la reputación' de esta entidad, a juicio del socialista, insistió en 'buscar una salida para la devolución íntegra de su dinero a todos los afectados'.

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