El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, defendió la coherencia del proyecto de Lei de Servizos Sociais de Galicia por basarse en los valores de participación, colaboración institucional, corresponsabilidad y nuevas prestaciones, aunque admitió que es susceptible de ser mejorado en el trámite parlamentario.
En la sesión plenaria que se celebra en el Pazo do Hórreo, Anxo Quintana amparó esta normativa ante las críticas del PPdeG, que solicitó la devolución al Gobierno porque cree que el proyecto legislativo se basa en las tres efes de falso, frustración y fábula, en palabras de la diputada 'popular' Marta Rodríguez Arias, ataques que fueron rebatidos por los diputados que sustentan el bipartito de la Xunta.
De este modo, el vicepresidente da Igualdade e do Benestar destacó que la ley para crear el modelo asistencial gallego es un texto resultado del autogobierno que supone un modelo público y nacional, de manera que recoge las necesidades de todos los gallegos al ser un modelo pensado para los dos millones de habitantes de la comunidad.
Además, consideró que se trata de una normativa para afrontar los retos del siglo XXI plasmada de forma ambiciosa en una apuesta por dar respuesta a la cohesión y vertebración territorial. Del mismo modo, Quintana recalcó que establece nuevos derechos e instrumentos, de forma que rechazó que constituya una normativa de declaración de intenciones.
UNIVERSALIDAD, INNOVADORA, CALIDAD, PARTICIPACION
En este sentido, describió las cualidades de esta ley que, a su juicio, responde a la universalidad, innovación, calidad y participación, junto con la corresponsabilidad o la colaboración institucional. Concretamente, se refirió a la universalidad y defendió que eleva a derecho el asistencialismo que aplicaba el PP en el Gobierno para atender a los beneficiarios de servicios sociales.
Asimismo, indicó que la normativa responde a una programación, que incluye un catálogo de servicios y que implica prestaciones innovadoras como la tarjeta social, el expediente único o la figura profesional de referencia. A colación, indicó que se crean órganos de participación, como son el Observatorio Galego de Servizos Sociais o la Mesa Galega de Servizos Sociais, para atender a las demandas de la ciudadanía.
El dirigente autonómico también se refirió a la previsión presupuestaria y puso de manifiesto que la ley recoge una inversión del 7 por ciento de las administraciones autonómica y local en función de las competencias de cada una para prestar los servicios con un horizonte de seis años.
NO PROBLEMAS CON LA FEGAMP
Precisamente, a raíz de este punto, Rodríguez Arias aprovechó su turno de réplica para recordar a Anxo Quintana que de este proyecto se retiró la obligatoriedad de destinar el 7 por ciento de la financiación local y le preguntó al vicepresidente de la Xunta si lo hizo porque no quería tener problemas con el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández.
Del mismo modo, la diputada del PPdeG justificó la presentación de la enmienda a la totalidad del texto porque, a su juicio, el Gobierno de la Xunta crea nuevos chiringuitos, lo cual rebatió Quintana al decir que los órganos que se impulsan, como el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar, está integrado por más de 260 ayuntamientos, muchos del PP.
En contraposición, Rodríguez Arias reprochó que hay un historial de incumplimientos de las normativas que calificó de propaganda de la Xunta y que, según denunció, nacen sin financiación. A modo de ejemplo, aseguró que el BNG echa la culpa a los socialistas porque no le da el dinero procedente del Estado, mientras que los socialistas emiten un mensaje en el Parlamento, otro en la sede del PSdeG y otro a los medios.
¡Pregúntele a los alcaldes y al presidente de la Fegamp que opina!, exhortó la diputada 'popular', quien pidió sustituir por otras tres efes la normativa, y que correspondería a futuro, feitos --hechos-y financiación.
Por su parte, el vicepresidente de la Xunta quiso agradecer todas las aportaciones de los grupos y aseveró su seguridad de que la normativa podrá ser mejorada en el trámite parlamentario.
Con todo, censuró las reprobaciones del PP y le invitó a plantear cualquier otro mecanismo si hay para la financiación de esta ley que sustituya la corresponsabilidad.
PSdeG Y BNG
Tanto los portavoces en este área del PSdeG y como del BNG, Miguel Angel Fernández y Modesta Riobó, respectivamente, tacharon de demagógico el discurso de los 'populares' y censuraron que las políticas en materia de bienestar social durante los 16 años de Gobierno del PPdeG eran invisibles, en palabras de la diputada nacionalista.
En esta línea, Miguel Angel Fernández contrapuso la política clientelar y asistencial que desarrolló el PP, que nunca consideró un derecho los servicios sociales, con esta ley lejos de esta definición.
De este modo, el vicepresidente da Igualdade e do Benestar destacó que la ley para crear el modelo asistencial gallego es un texto resultado del autogobierno que supone un modelo público y nacional, de manera que recoge las necesidades de todos los gallegos al ser un modelo pensado para los dos millones de habitantes de la comunidad.
Además, consideró que se trata de una normativa para afrontar los retos del siglo XXI plasmada de forma ambiciosa en una apuesta por dar respuesta a la cohesión y vertebración territorial. Del mismo modo, Quintana recalcó que establece nuevos derechos e instrumentos, de forma que rechazó que constituya una normativa de declaración de intenciones.
UNIVERSALIDAD, INNOVADORA, CALIDAD, PARTICIPACION
En este sentido, describió las cualidades de esta ley que, a su juicio, responde a la universalidad, innovación, calidad y participación, junto con la corresponsabilidad o la colaboración institucional. Concretamente, se refirió a la universalidad y defendió que eleva a derecho el asistencialismo que aplicaba el PP en el Gobierno para atender a los beneficiarios de servicios sociales.
Asimismo, indicó que la normativa responde a una programación, que incluye un catálogo de servicios y que implica prestaciones innovadoras como la tarjeta social, el expediente único o la figura profesional de referencia. A colación, indicó que se crean órganos de participación, como son el Observatorio Galego de Servizos Sociais o la Mesa Galega de Servizos Sociais, para atender a las demandas de la ciudadanía.
El dirigente autonómico también se refirió a la previsión presupuestaria y puso de manifiesto que la ley recoge una inversión del 7 por ciento de las administraciones autonómica y local en función de las competencias de cada una para prestar los servicios con un horizonte de seis años.
NO PROBLEMAS CON LA FEGAMP
Precisamente, a raíz de este punto, Rodríguez Arias aprovechó su turno de réplica para recordar a Anxo Quintana que de este proyecto se retiró la obligatoriedad de destinar el 7 por ciento de la financiación local y le preguntó al vicepresidente de la Xunta si lo hizo porque no quería tener problemas con el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández.
Del mismo modo, la diputada del PPdeG justificó la presentación de la enmienda a la totalidad del texto porque, a su juicio, el Gobierno de la Xunta crea nuevos chiringuitos, lo cual rebatió Quintana al decir que los órganos que se impulsan, como el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e do Benestar, está integrado por más de 260 ayuntamientos, muchos del PP.
En contraposición, Rodríguez Arias reprochó que hay un historial de incumplimientos de las normativas que calificó de propaganda de la Xunta y que, según denunció, nacen sin financiación. A modo de ejemplo, aseguró que el BNG echa la culpa a los socialistas porque no le da el dinero procedente del Estado, mientras que los socialistas emiten un mensaje en el Parlamento, otro en la sede del PSdeG y otro a los medios.
¡Pregúntele a los alcaldes y al presidente de la Fegamp que opina!, exhortó la diputada 'popular', quien pidió sustituir por otras tres efes la normativa, y que correspondería a futuro, feitos --hechos-y financiación.
Por su parte, el vicepresidente de la Xunta quiso agradecer todas las aportaciones de los grupos y aseveró su seguridad de que la normativa podrá ser mejorada en el trámite parlamentario.
Con todo, censuró las reprobaciones del PP y le invitó a plantear cualquier otro mecanismo si hay para la financiación de esta ley que sustituya la corresponsabilidad.
PSdeG Y BNG
Tanto los portavoces en este área del PSdeG y como del BNG, Miguel Angel Fernández y Modesta Riobó, respectivamente, tacharon de demagógico el discurso de los 'populares' y censuraron que las políticas en materia de bienestar social durante los 16 años de Gobierno del PPdeG eran invisibles, en palabras de la diputada nacionalista.
En esta línea, Miguel Angel Fernández contrapuso la política clientelar y asistencial que desarrolló el PP, que nunca consideró un derecho los servicios sociales, con esta ley lejos de esta definición.