El juicio por el accidente del Alvia encara la recta final de la parte estrictamente penal, a la que sucederá la civil, con la presencia de las víctimas de aquella tragedia ferroviaria que el 24 de julio de 2013 mató a 80 personas.
El próximo 1 de febrero, según figura en el calendario facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, declarará un perito de Adif, el 2 de ese mes un técnico de conducción y tanto el 7 como el 8 están previstas las testificales de expertos propuestos por el maquinista Francisco José Garzón Amo, que comparte acusación con un antiguo director de la seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.
Después, el 9 y el 10 son jornadas reservadas para incidencias, antes del paso a la siguiente fase de esta compleja causa, que terminará con una esperada sentencia que llegará una década después del descarrilamiento.
En una curva maldita, la de A Grandeira, el impacto contra un muro de hormigón de un tren acabó con muchas vidas, partió a la mitad otras tantas, dejó estampas que queman la retina y solamente los que pelearon contra la adversidad saben del enorme sacrificio que supuso su hazaña en medio de un duro siniestro que se manifestó con toda su crudeza: con estruendo, llanto y luto.
El pasado octubre testificaron los dos únicos procesados, a partir de ahí fue el turno de los testigos y de los testigos-perito (por su dominio técnico) y, tras el parón motivado por las fiestas navideñas, llegó la hora de los peritos judiciales, dos de los cuales vieron responsabilidad en el operador de la infraestructura, y de los de parte.
En esta penúltima semana de comparecencias, la voz que en sala se ha escuchado este 31 de enero es precisamente la de Antonio Puyol, propuesto por Adif y director de la empresa especializada en instalaciones ferroviarias Airtren.
En el edificio habilitado en la Ciudad de la Cultura para esta vista, ha avalado el procedimiento seguido en todo momento por el Adif para la puesta en servicio de la línea entre Ourense y Santiago al defender que en aquel entonces los saltos bruscos de velocidad, si bien eran conocidos, no estaban concebidos en cambio como "un peligro a mitigar".
Ha cargado Pujol contra el conductor, hoy jubilado, al concluir que el sistema no estaba preparado para una "desatención prolongada" e inimaginable. No se podía pensar que alguien, en este caso Garzón Amo, pudiese estar "tanto tiempo desatendiendo su labor", ha dicho en clara referencia a la llamada entre el interventor de a bordo y él mismo.
"El sistema ferroviario depende de los maquinistas, desgraciada o afortunadamente, bueno, afortunadamente para los maquinistas que tienen un puesto de trabajo", ha llegado a deslizar con rotundidad, aparte de dejar caer que los maquinistas están bien pagados y han de poner el foco únicamente en aquello que tienen encomendado y sin lugar para distracción alguna.
A Garzón y Cortabitarte se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por el mismo motivo, y un delito de daños.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.
La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.
La magistrada María Elena Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago, ha sido la responsable de la preparación y celebración del juicio oral, así como lo será de dictar la resolución.
De la parte correspondiente a la instrucción se encargaron los magistrados Luis Aláez, quien la inició y continuó con ella hasta junio de 2014, y Andrés Lago, que la asumió desde julio de ese año hasta su finalización, en diciembre de 2021.
El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos.
