La futura ley de recuperación de tierras agrarias incidirá en las rebajas fiscales autonómicas en el rural y prevé hacer propuestas al Gobierno para que reduzca IRPF, Sociedades e IVA, avanzaron ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el conselleiro de Medio Rural, José González. Ambos comparecieron tras el Consello de la Xunta que analizó este texto normativo que será tramitado, sin embargo, como proposición de ley a cargo del Grupo Popular y no como proyecto de ley por el Gobierno gallego. Los cálculos son que la nueva normativa esté aprobada en el primer cuatrimestre del próximo año.
El nuevo texto legal pretende poner a producir las tierras infrautilizadas o abandonadas, ampliar la base territorial de los agricultores o ganaderos, busca anticiparse ante los incendios forestales y persigue tanto la fijación de población en el rural como la recuperación demográfica, aseguró Núñez Feijóo. Los instrumentos para lograrlo son las aldeas modelo, los polígonos agroforestales, las agrupaciones de gestión conjunta y las permutas de especial interés.
Todas estas figuras serán de carácter voluntario, mediante acuerdo de los propietarios, que tienen que sumar un 70% para dar el visto bueno a la creación de uno de estos instrumentos. La Xunta, reiteraron ambos dirigentes, actuará como intermediaria, ya que lo que pretende es recuperar y poner a producir tierras que están abandonadas o infrautilizadas.
ACTUACIÓN DE OFICIO
De este modo, el Banco de Tierras será el organismo que contacte a propietarios con arrendatarios o compradores. En caso de que el propietario esté ilocalizable, la ley facultará a la Xunta, a través del Derecho Civil de Galicia, actuar de oficio para investigar la propiedad de los predios y trasladar la información al Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda y es en donde recae esta competencia. El conselleiro rechazó que se pueda hablar de expropiaciones y señaló que se seguirán los mismos procedimientos que regulan la ley del Catastro.
La nueva normativa también crea los bancos de explotación, una figura que persigue evitar que granjas productivas y rentables caigan en desuso o abandono por falta de renovación generacional entre los descendiente de los propietarios. El conselleiro de Medio Rural destacó que la tierra abandonada o infrautilizada no lo está porque sea de mala calidad, ya que en muchos casos hasta hace pocas décadas estuvo trabajada y era productiva.
González citó un estudio hecho conjuntamente con las universidades de Santiago y de Vigo que concluye que si se pusieran a producir medio millón de hectáreas de estas características se podrían generar hasta 15.000 empleos, con una producción de más de mil millones de euros y un Valor Añadido Bruto superior a los 480 millones.
Licitadas por 81 millones más de 1.500 rutas de transporte escolar
El Consello de la Xunta también dio el visto bueno a la licitación por 81 millones de euros por dos años del contrato de 1.574 rutas, el 47%, de transporte escolar, una cantidad que se ampliaría a 177 millones de euros si se activase la prórroga por dos años contemplada en las bases. La licitación se divide en 57 lotes y cada adjudicatario podrá tener un máximo de ocho.
El presidente gallegos, Alberto Núñez Feijóo, recordó que el otro 53% de rutas de transporte escolar ya está adjudicado y corresponde a líneas mixtas, en las que los alumnos pueden coincidir con viajeros regulares de esos trayectos. Incidió, además, en que Galicia, con el 5% de los escolares de España, afronta el 22% del gasto en transporte escolar de todo el país, por lo que insistió en reclamar un sistema de financiación que prime el coste real de los servicio y que no atienda únicamente al peso de la población.
El Consello también dio el visto bueno a la creación del comité asesor que diseñará el nuevo modelo sociosanitario, incluido el nuevo diseño de las residencias de mayores; así como al plan de voluntariado para el próximo año, cuando se celebrará el Xacobeo 2021.
Dentro de la estrategia digital anunciada la pasada semana, la Xunta autorizó dos contratos por 20 millones de euros para la compra de servidores y ampliar la capacidad del Centro de Proceso de Datos y para la adquisición de equipamiento para puestos de trabajo digitales.
