La preocupación de los sindicatos por las condiciones laborales de los repartidores subcontratados por Amazon en la nave de O Porriño se acrecienta con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, el pasado 10 de abril Tipsa Delivery dejó de operar en dicha nave dejando a una veintena de trabajadores en la calle que estaban subcontratados a una empresa de trabajo temporal por un contrato de obra y servicio.
Esta es una de las denuncias que el sindicato UGT ha interpuesto ante la justicia, y a la que Inspección de Trabajo dio la razón recientemente cuestionando dicho método de contratación. Esta resolución fue la primera en todo el país apoyada en una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre que define los casos en los que el contrato de obra y servicio puede aplicarse.
Rubén Bernárdez, asesor laboral para el sector del transporte de UGT en la comarca, explica que esta situación viene de largo. "Cuando se instala Amazon en O Porriño, se genera una actividad circulada al transporte de mercancías que son las subcontratas que gestionan el reparto, no trabajadores de Amazon". En el sindicato detectaron que la primera empresa que entró a la nave porriñesa “no aplicaba el convenio colectivo, desde el artículo 1 hasta el final".
En la nave del gigante estadounidense llegaron a coincidir tres empresas y con el auge de la pandemia llegó a haber 200 repartidores. Y, de acuerdo con Bernárdez, “todas aplicaban las mismas condiciones: no aplicaban el convenio y utilizaban contratos de obra y servicio cuando no puede ser así”.
Desde el sindicato denuncian que la propia Amazon “incumple lo que ella misma dice. No vigila ni controla que las empresas que trabajan para ella cumplan con la ley". A pesar de que “tiene ese interés en vigilar a los trabajadores de la subcontrata, no se preocupan de que se cumpla el convenio, de si tienen medidas de seguridad, si los vehículos están en condiciones, o de si trabajan las horas que tienen que trabajar”, indica Bernárdez, que incluso considera que este control puede llegar a ser, en términos legales, una cesión ilegal de trabajadores, pues monitorizan la productividad de los empleados sin estar contratados.
El asesor de UGT advierte: “este es un concepto empresarial que creemos que quieren implantar en general en el país. Es un modelo de trabajo que la gente joven ve como una oportunidad de tener un salario y al final se traduce única y exclusivamente en precariedad laboral”.
“Los repartidores pierden 300 euros al mes sin el convenio”
Rubén Bernárdez está completamente seguro de que la diferencia entre aplicar el convenio a los repartidores subcontratados por Amazon y sus actuales condiciones de trabajo –que incluyen, entre otras cosas, una paga extra anual menos– se traduciría en 300 euros mensuales, es decir, “la diferencia entre cobrar el salario mínimo y lo que marca el convenio”.
El asesor de UGT recuerda la resolución de Inspección de Trabajo, que dio la razón al sindicato al denunciar la utilización de contratos de obra, “que sólo sería para casos como, por ejemplo, los paquetes de la campaña de Navidad. Pero repartir regularmente los pedidos de Amazon no puede contar como contrato de obra”.
Los despedidos por Tipsa Delivery el pasado 10 de abril acudieron a UGT para demandar a la empresa por despido improcedente su correspondiente reclamación de cantidades. Los primeros juicios ya se están celebrando.
Desde el sindicato lanzan una advertencia: “Se va a acabar con la precariedad. Esto no es una declaración de intenciones, sino que estamos pidiendo que se cumpla la ley”. Aunque la justicia va lenta, UGT lo tiene claro: “Tenemos que interceder en esta problemática. Hay un incumplimiento coyuntural de las leyes laborales. Vamos a seguir denunciando todas las irregularidades porque es de interés general para la sociedad que se regule esta actividad promovida por Amazon”.
Desde el punto de vista de Rubén Bernárdez, Amazon “no va a meter mano en que se cumpla el convenio porque si no, las empresas no harían el porte al precio que ellos les marcan. A Amazon le interesa esa precariedad porque así reduce costes”. El asesor de UGT indica que lo que paga la multinacional estadounidense por envío es “inviable” para que las empresas cumplan la ley y la vez puedan tener beneficios. Hace incidencia en la negociación colectiva, recordando que Amazon sólo se sentó en una mesa de negociaciones con los sindicatos cuando Trabajo instó una denuncia contra una de estas empresas y citó a ambas partes. “Si Amazon cree lo que pone en su código ético, lo primero que debería hacer es llamarnos”, sentencia.
