“Nuestra obligación es compatibilizarla con la seguridad sanitaria”, asegura el vicepresidente
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió ayer que “la vida económica debe seguir” una vez que la justicia ha desautorizado el uso del “certificado covid” para acceder al interior de la hostelería, de manera que desde este martes regresan los aforos previos a su empleo.
En la presentación en Baiona (Pontevedra) de un ciclo de conciertos enmarcados en el Xacobeo 2021-2022, doble por concesión papal, el segundo en el gobierno de Alberto Núñez Feijóo indicó que las capacidades máximas serán de nuevo menores en los ayuntamientos que estén en riesgo alto porque estas se habían ampliado con la exhibición de la documentación que ahora no es legal exigir.
“Nuestra obligación es intentar compatibilizar la seguridad sanitaria con la vida económica”, subrayaba ayer Alfonso Rueda, que ha introducido además el matiz de que si bien la primera cuestión “está por encima de todo, también tenemos clarísimo que la vida económica tiene que seguir” en la medida de lo posible.
Así, cuando se puedan relajar restricciones, dijo, que no haya “ninguna duda”, pues el Ejecutivo, asesorado por un comité clínico en la gestión de esta pandemia, va a hacerlo.
El ayuntamiento de O Grove, el único que estaba en restricciones máximas por sus malos datos epidemiológicos y que sería el más afectado por la nueva situación, va a dejar de estarlo, pues ha mejorado las cifras y ha disminuido la preocupación.
PALMO A PALMO
“De un modo objetivo” subió ese municipio a lo más alto de las restricciones, dijo Alfonso Rueda, después de que el alcalde, José Cacabelos, hablase de subjetividad, y de “un modo objetivo”, baja ahora de nivel de riesgo. Cuando este disminuye, “somos ágiles”, ha terciado el vicepresidente. Descenderá O Grove y “si es posible” otras localidades lo harán desde su puesto actual. Pero ello dependerá del “análisis palmo a palmo” de los expertos, que sugerirán recomendaciones sanitarias “en consonancia” con las diferentes situaciones que se puedan plantear.
BNG y PSdeG acusan a la Xunta de chapuza y piden explicaciones
El BNG denunció ayer la que considera “actitud chapucera y oscurantista” del Gobierno gallego, mientras el PSdeG le urge un plan de ayudas a la hostelería después de la reciente decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que inhabilita la obligatoriedad de solicitar el certificado covid para acceder al interior de locales.
Para el diputado del Bloque Luis Bará resulta “un auténtico fiasco” que el Gobierno autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo no solicitara en su momento la autorización judicial para una medida restrictiva de derechos fundamentales, un proceder que el TSXG consideró “anómalo” la pasada semana.
Por ello, exige explicaciones y responsabilidades y urge la convocatoria de la diputación permanente para celebrar un pleno extraordinario en el que Feijóo “dé la cara” porque la situación sanitaria es “grave” y los nacionalistas quieren “claridad”. “El virus no coge vacaciones y el Parlamento debe abrirse para que Feijóo dé explicaciones”, subraya, antes de pedir “depurar responsabilidades” también en la Consellería de Sanidade y Vicepresidencia, como principales “ejecutoras de un desatino” que llevó a aplicar durante tres semanas una medida “sin cobertura judicial”.
Por último, Bará califica la forma de actuar del Ejecutivo autonómico como propia “de un régimen caudillista, absolutista y autoritario”.
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, urge ayudas a la hostelería tras la reducción de aforos y después de que el TSXG tumbase el requisito del certificado covid.
“DE VACACIONES”
“Es necesario que el Gobierno de la Xunta deje de estar de vacaciones de una vez y adopte un plan de ayudas para la hostelería gallega”, llamó la atención el secretario xeral de los socialistas gallegos.
Gonzalo Caballero reclama “seguridad jurídica, ayudas económicas y un plan de futuro para afrontar un verano que es muy importante para la reactivación” del sector.
El líder de los socialistas gallegos lamenta además que Galicia tenga lo que él ha dado en considerar “un gobierno de chapuza que se saltó los derechos fundamentales de la ciudadanía sin pedir autorización judicial y ahora dejó en un limbo de indefinición el plan reactivación para la hostelería”, según afirmó
