Además, se diseñará un sistema de control de alumnos para el transporte escolar, que adoptará la forma de una tarjeta, pulsera o similar
La renovación de 1.400 líneas cuya implantación está prevista por la Xunta para diciembre de 2019, con la intención de permanecer durante un plazo de 10 años que puede llegar a alcanzar los 15, implicará la modernización de 3.000 autobuses y afecta a 5.000 puestos de trabajo.
A todos estos empleos, el Gobierno gallego les ofrece "estabilidad laboral" mediante el "blindaje" de las cláusulas sociales que pactó el año pasado con los sindicatos CC.OO. y UGT, para poner fin a una huelga indefinida en el sector.
Unos 10 meses después de aquel conflicto, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, han presentado en rueda de prensa el inicio del primero de dos procesos de información pública al que someterá el Ejecutivo esta segunda fase del plan del transporte público de Galicia, coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Maestro ha recordado que este plan trae causa de legislación europea, pero también de la sentencia del Tribunal Supremo que en 2016 anuló la prórroga de las concesiones del transporte público en la comunidad.
Al respecto, ha reivindicado haber "cumplido" el compromiso adquirido de tener publicado en abril de este año el documento base del plan de transporte público de Galicia. Además, ha mencionado el "imprevisto" que supuso la renuncia de empresas a los contratos relativos a 600 líneas, lo que "obligó" a licitar la primera fase el pasado año, con un plazo máximo que lleva hasta agosto de 2019.
De este modo, el nuevo proceso se articulará en torno a dos grupos: el primero fijado para agosto de 2019, que atañe a las 800 líneas adjudicadas el año pasado; y el segundo para diciembre de ese mismo año, para las otras 600 que vienen de la prórroga.
El cronograma de la consellería contempla para el segundo trimestre de 2018 el trabajo de campo y reuniones individuales con todos los ayuntamientos. Para el tercero se marca el diagnóstico de la situación actual y en el cuarto aspira a elaborar los anteproyectos de explotación.
Ya durante 2019, quiere poner a información pública el primer grupo de anteproyectos de explotación y licitar el primer grupo de contratos (primer trimestre) y sacar a información pública el segundo grupo de anteproyectos (segundo trimestre). En verano de 2019 espera la puesta en marcha del primer grupo de contratos y la licitación del segundo grupo de contratos, mientras que para diciembre pretende la puesta en marcha del segundo grupo de contratos y, en consecuencia, la de la totalidad del plan.
Dentro del objetivo de modernizar el sistema de explotación y toda la flota (3.000 autobuses), el director xeral ha informado de que se diseñará un sistema de control de alumnos para el transporte escolar, que adoptará la forma de una tarjeta, pulsera o similar, con un código `QR` o un chip "aún no desarrollado", pero que se fijará en sistemas pilotos que ya funcionan en otras zonas.
EL "ÉXITO" DE "MUY POCAS" LLAMADAS A DEMANDA
Después de lo referido por la conselleira la semana pasada en el pleno, y el acuerdo del Consello del pasado jueves, el responsable de Mobilidade ha hecho balance de nueve meses en su comparecencia.
Con 4 millones de viajeros (un incremento "por encima" del 5%), un 37% más de kilómetros, la multiplicación por tres del número de paradas y la reducción de tarifas que en algunos casos llegó hasta el 80%, la titular de Infraestruturas ha calificado los datos de "satisfactorios".
Ella misma ha resaltado que el bus compartido favoreció el uso de plazas vacías del transporte escolar por 90.000 usuarios, unos 2,5 millones de kilómetros de viajes y "cero incidencias".
El transporte a demanda, con el interés de que "no circulen autobuses vacíos", se saldó con 750 llamadas desde Navidad hasta el pasado 31 de marzo. Según Ignacio Maestro, aunque sean "muy pocas", esto no es un fracaso sino "un éxito". Por su parte, la conselleira ha señalado que en el proceso que continúa la Xunta analizará convenios con taxistas.
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES
"Volcados" en la segunda fase, Ethel Vázquez ha llamado la atención sobre lo "transparente" del procedimiento, con la apertura de un plazo de 20 días hábiles para que los interesados trasladen aportaciones.
Además, ha instado a Pontevedra y a Ferrol a ser "responsables" y que "aprovechen esta reorganización" para implantar el transporte urbano, "obligación legal" para ciudades de más de 50.000 habitantes. A las diputaciones también les ha requerido "que se impliquen".
