La declaración que el ex director técnico de la casa armadora del Prestige, George N. Alevizos, realizó hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) avaló la decisión del Gobierno español ante el naufragio del Prestige al alejar el petrolero de la costa y exculpó también a la naviera; mientras que señaló como 'única responsable' a la empresa clasificadora, la norteamericana ABS, por no revisar 'adecuadamente' un buque que 'ni siquiera servía para transportar agua'.
'Sin discusión', respondió Alevizos a los medios de comunicación a su salida del juzgado. En este sentido, defendió que 'España es 100 por cien inocente' y aseguró que la armadora griega, Universe Maritime LTD, de la que ya se encuentra desvinculado, 'gastó mucho dinero en las reparaciones' practicadas al petrolero en China y que fueron ordenadas por la clasificadora. Por ello, recalcó que ABS 'no prestó la suficiente atención' en la revisión del Prestige, cuya navegabilidad 'no debió certificar'.
De este modo, mantuvo las tesis de un informe pericial y testifical que elaboró para el juicio civil que el Estado español mantiene en Nueva York contra ABS --una querella de mil millones de dólares contra la compañía norteamericana en concepto de daños--, en el que constató que las reparaciones llevadas a cabo en el petrolero por orden de la clasificadora eran 'defectuosas e insuficientes'.
Además, en él contradice la declaración del capitán Apostolos Mangouras, quien refirió que trató de conducir el Prestige a puerto con la intención de trasvasar las casi 80.000 toneladas de fuel que portaba en su interior, algo que fue rechazado por las autoridades españolas. Así, Alevizos aseguró que el capitán no sugirió a Universe Maritime la posibilidad de llevar el Prestige a un lugar de refugio.
Con esta declaración del segundo directivo más importante de la naviera en noviembre de 2002 --el más importante tras la muerte de su superior, Michael Margetis, que nunca declaró a pesar de estar imputado--, concluyen, en principio, los testimonios de la fase de instrucción en la que se encuentra la causa del Prestige desde hace casi seis años; y servirá, en palabras del fiscal de Medio Ambiente, Alvaro García Ortiz, para 'unir una pieza más al puzzle' de una causa sobre la que 'todavía no hay nada claro'.
SIN JUICIO A PRINCIPIOS DE 2009
Por su parte, el representante del ministerio público avanzó que, a la vista de este testimonio, no tiene intención de solicitar nuevas imputaciones, algo que, en cualquier caso, podría ser decidido por la titular del juzgado, Carmen Veiras. 'Hay que valorar todo el material probatorio', explicó, al tiempo que rechazó entrar en la valoración del testigo de 'culpar' a ABS porque 'ésa es su opinión' y tampoco evaluó la decisión de acercar el buque al litoral ni la procedencia de esa orden ni una posible 'negligencia'.
'Hemos practicado la prueba que queríamos y ahora seguiremos avanzando en la instrucción', atajó García Ortiz, quien relató que 'todavía faltan por evaluar y por recibir' distintas diligencias, sustancialmente basadas en comisiones rogatorias cursadas a Reino Unido y Grecia sobre daños reclamados por España y la prueba pericial económica, de las que se 'podría derivar alguna prueba más', aunque apostó por ir 'paso a paso para ver lo que se necesita'. 'Con todo el material, la jueza redactará el auto de incoación del procedimiento abreviado', apuntó en referencia al documento que pone fin a la instrucción y abre las puertas al juicio oral.
Sobre el inicio del juicio oral, García Ortiz reconoció que 'ya no se puede hablar de plazos', aunque insistió en que la 'voluntad' de la Fiscalía es que se celebre 'lo antes posible'. Sin embargo, no se mostró optimista sobre la posibilidad de que tenga lugar en el primer trimestre de 2009, puesto que, según indicó, la ley procesal española marca unos plazos y, 'aunque la instrucción terminase ahora, sería muy difícil que eso se produjera'. 'No es un no rotundo, pero no lo creo', lamentó y sentenció que 'ojalá' pudiese producirse en esa fecha.
De este modo, mantuvo las tesis de un informe pericial y testifical que elaboró para el juicio civil que el Estado español mantiene en Nueva York contra ABS --una querella de mil millones de dólares contra la compañía norteamericana en concepto de daños--, en el que constató que las reparaciones llevadas a cabo en el petrolero por orden de la clasificadora eran 'defectuosas e insuficientes'.
Además, en él contradice la declaración del capitán Apostolos Mangouras, quien refirió que trató de conducir el Prestige a puerto con la intención de trasvasar las casi 80.000 toneladas de fuel que portaba en su interior, algo que fue rechazado por las autoridades españolas. Así, Alevizos aseguró que el capitán no sugirió a Universe Maritime la posibilidad de llevar el Prestige a un lugar de refugio.
Con esta declaración del segundo directivo más importante de la naviera en noviembre de 2002 --el más importante tras la muerte de su superior, Michael Margetis, que nunca declaró a pesar de estar imputado--, concluyen, en principio, los testimonios de la fase de instrucción en la que se encuentra la causa del Prestige desde hace casi seis años; y servirá, en palabras del fiscal de Medio Ambiente, Alvaro García Ortiz, para 'unir una pieza más al puzzle' de una causa sobre la que 'todavía no hay nada claro'.
SIN JUICIO A PRINCIPIOS DE 2009
Por su parte, el representante del ministerio público avanzó que, a la vista de este testimonio, no tiene intención de solicitar nuevas imputaciones, algo que, en cualquier caso, podría ser decidido por la titular del juzgado, Carmen Veiras. 'Hay que valorar todo el material probatorio', explicó, al tiempo que rechazó entrar en la valoración del testigo de 'culpar' a ABS porque 'ésa es su opinión' y tampoco evaluó la decisión de acercar el buque al litoral ni la procedencia de esa orden ni una posible 'negligencia'.
'Hemos practicado la prueba que queríamos y ahora seguiremos avanzando en la instrucción', atajó García Ortiz, quien relató que 'todavía faltan por evaluar y por recibir' distintas diligencias, sustancialmente basadas en comisiones rogatorias cursadas a Reino Unido y Grecia sobre daños reclamados por España y la prueba pericial económica, de las que se 'podría derivar alguna prueba más', aunque apostó por ir 'paso a paso para ver lo que se necesita'. 'Con todo el material, la jueza redactará el auto de incoación del procedimiento abreviado', apuntó en referencia al documento que pone fin a la instrucción y abre las puertas al juicio oral.
Sobre el inicio del juicio oral, García Ortiz reconoció que 'ya no se puede hablar de plazos', aunque insistió en que la 'voluntad' de la Fiscalía es que se celebre 'lo antes posible'. Sin embargo, no se mostró optimista sobre la posibilidad de que tenga lugar en el primer trimestre de 2009, puesto que, según indicó, la ley procesal española marca unos plazos y, 'aunque la instrucción terminase ahora, sería muy difícil que eso se produjera'. 'No es un no rotundo, pero no lo creo', lamentó y sentenció que 'ojalá' pudiese producirse en esa fecha.
