El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso contra el acuerdo por el que el bipartito revisó el Plan Acuícola de 2005. El fallo se basa en que se eligió un procedimiento legal no previsto para subsanar un error.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por la empresa Insuiña S.L. (a la que pertenece Pescanova) contra el acuerdo del Consello de la Xunta por el que el bipartito revisó el Plan Acuícola de 2005, cuando Enrique López Veiga era conselleiro de Pesca del Gobierno de Manuel Fraga. Con todo, la sentencia advierte la ausencia de declaración de impacto ambiental en el plan modificado en 2006.
El fallo judicial se basa en que la Xunta de socialistas y nacionalistas eligió un procedimiento legal no previsto para subsanar el error (que es la falta de declaración de impacto ambiental que detectó el bipartito). Sin embargo, el magistrado no juzga este hecho, ya que no forma parte del recurso. Así, el juez explica que la ausencia de la declaración de impacto ambiental podría ser determinante para la nulidad de pleno derecho del Plan Acuícola de 2005, es decir, que si faltaba este requisito y se demostraba, el proyecto de la época Fraga quedaría automáticamente sin efecto.
Artículo no previsto
Sin embargo, para hacer esta demostración, recoge el juez, la Xunta de socialistas y nacionalistas utilizó un artículo no previsto para ello (el 14 del Decreto 80/2000 de 23 de marzo por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal), en lugar de usar el artículo 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que implica un dictamen del Consello Consultivo. De esta forma, el tribunal estimó el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 22 de junio de 2006, por el que se adoptaron medidas de revisión y modificación del Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega y anula este acuerdo del Gobierno bipartito.
Esta sentencia es susceptible de casación por la nueva Xunta. Uno de los motivos que se alegaban en el recurso para la impugnación del acuerdo del Consello de la Xunta fue la situación de indefensión de la empresa Insuíña, algo que desestimó el juez. El magistrado indica que se advierte que en la aprobación del Plan Sectorial de 2005, no se tuvieron en cuenta una serie de disposiciones legales que imponían la exigencia de la evaluación de impacto ambiental con carácter previo.
Valoraciones contrapuestas de la sentencia
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, recalcó ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) demuestra que quien hizo mal las cosas en materia de acuicultura fue el bipartito. Me sorprende que salga hoy a debate esta sentencia sobre plan acuicultura, declaró la conselleira, quien avisó de que el TSXG le dice al bipartito que lo hizo mal y que no adelantó nada en acuicultura. Rosa Quintana, además, aseguró que cuando se aprobó el plan no existía la necesidad de realizar impacto ambiental y evocó el recurso presentado por la asociación ecologista Adega ante la Unión Europea y que ésta archivó.
La portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario del PSdeG-PSOE, Marisol Soneira, acusó hoy a la Xunta de ocultar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el Plan Acuícola porque, concluyó, establece con toda claridad que era ilegal y que no cabe indemnización alguna por la suspensión por parte del bipartito.
El portavoz de pesca del BNG, Bieito Lobeira, opina que la política del gobierno de Fraga respaldaba la implantación de explotaciones de acuicultura con subvenciones para despedazar la flota gallega. Por ello, Lobeira considera que la decisión del TSJG obligaría a la Xunta a paralizar las explotaciones acuícolas que hay actualmente en Cabo Touriñán y en Mougás.
El fallo judicial se basa en que la Xunta de socialistas y nacionalistas eligió un procedimiento legal no previsto para subsanar el error (que es la falta de declaración de impacto ambiental que detectó el bipartito). Sin embargo, el magistrado no juzga este hecho, ya que no forma parte del recurso. Así, el juez explica que la ausencia de la declaración de impacto ambiental podría ser determinante para la nulidad de pleno derecho del Plan Acuícola de 2005, es decir, que si faltaba este requisito y se demostraba, el proyecto de la época Fraga quedaría automáticamente sin efecto.
Artículo no previsto
Sin embargo, para hacer esta demostración, recoge el juez, la Xunta de socialistas y nacionalistas utilizó un artículo no previsto para ello (el 14 del Decreto 80/2000 de 23 de marzo por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal), en lugar de usar el artículo 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que implica un dictamen del Consello Consultivo. De esta forma, el tribunal estimó el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 22 de junio de 2006, por el que se adoptaron medidas de revisión y modificación del Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega y anula este acuerdo del Gobierno bipartito.
Esta sentencia es susceptible de casación por la nueva Xunta. Uno de los motivos que se alegaban en el recurso para la impugnación del acuerdo del Consello de la Xunta fue la situación de indefensión de la empresa Insuíña, algo que desestimó el juez. El magistrado indica que se advierte que en la aprobación del Plan Sectorial de 2005, no se tuvieron en cuenta una serie de disposiciones legales que imponían la exigencia de la evaluación de impacto ambiental con carácter previo.
Valoraciones contrapuestas de la sentencia
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, recalcó ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) demuestra que quien hizo mal las cosas en materia de acuicultura fue el bipartito. Me sorprende que salga hoy a debate esta sentencia sobre plan acuicultura, declaró la conselleira, quien avisó de que el TSXG le dice al bipartito que lo hizo mal y que no adelantó nada en acuicultura. Rosa Quintana, además, aseguró que cuando se aprobó el plan no existía la necesidad de realizar impacto ambiental y evocó el recurso presentado por la asociación ecologista Adega ante la Unión Europea y que ésta archivó.
La portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario del PSdeG-PSOE, Marisol Soneira, acusó hoy a la Xunta de ocultar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el Plan Acuícola porque, concluyó, establece con toda claridad que era ilegal y que no cabe indemnización alguna por la suspensión por parte del bipartito.
El portavoz de pesca del BNG, Bieito Lobeira, opina que la política del gobierno de Fraga respaldaba la implantación de explotaciones de acuicultura con subvenciones para despedazar la flota gallega. Por ello, Lobeira considera que la decisión del TSJG obligaría a la Xunta a paralizar las explotaciones acuícolas que hay actualmente en Cabo Touriñán y en Mougás.
