El Valedor, pendiente del peritaje sobre Corcoesto, dice que la crisis no puede 'excusar' la desprotección del medio

El valedor do Pobo, José Julio Fernández, ha advertido de que 'la crisis no puede servir de excusa para relajar la protección medioambiental', al contrario, debe 'convertirse en una oportunidad para mostrar la consistencia del compromiso con el planeta'.
Así lo ha señalado después de recordar que el alto comisionado ha encargado un peritaje a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) sobre el proyecto minero a cielo abierto de Corcoesto, en la comarca de Cabana de Bergantiños, y que, según sus palabras en la Comisión de Peticións del Parlamento, espera que en 'próximas semanas arroje luz para resolver esta cuestión'.

Después de que los grupos parlamentarios de la oposición pidiesen recomendaciones contundentes en este sentido al valedor, como que inste al Gobierno gallego a paralizar este proyecto en tanto no se cuente con el peritaje independiente encargado por el alto comisionado, José Julio Fernández ha señalado que todavía 'no tienen una decisión tomada', pero ha apelado a sus palabras 'muy duras' en el informe de 2012 al respecto de la 'falta de claridad' sobre las consecuencias que tendrá de llevarse a cabo.

En su intervención, la diputada nacionalista Tereixa Paz le preguntó si sería 'posible' solicitar que la Xunta 'paralizase la tramitación del expediente mientras no cuente (el valedor) con el informe'; mientras que el diputado de AGE David Fernández Calviño consideró que 'no es de recibo' que 'prevalezca una actividad (la minería)' sobre cualquier otro uso del suelo y le ha instado a analizar la situación del medio rural y las consecuencias poblacionales de la 'implantación de la megaminería contaminante'.

Por su parte, la diputada socialista Patricia Vilán, que recordó que los socialistas presentaron una cuestión ante el Valedor por este tema, juzgó 'insuficiente' lo recogido en el informe, 'nueve líneas en mil folios', y preguntó por qué no inició una queja de oficio como hizo la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

El presidente de la defensoría gallega defendió que se están dedicando 'muchos esfuerzos' a este asunto y ha recordado que el mayor número de quejas se han producido en el primer semestre de este año (22 frente a las ocho de 2012), así como ha explicado que no se inició una acción propia debido a que ya se está actuando a través de las solicitudes ciudadanas.


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