La primera asociación de afectados se personó en la causa judicial abierta como acusación particular

Víctimas del accidente piden más seguridad en los vagones

Un vecino de Angrois, con un ramo de flores, salta al campo acompañando al trío arbitral. (Foto: OSCAR CORRAL)
La primera asociación de víctimas del accidente de tren que descarriló en Santiago de Compostela ya constituida se personó ya en la causa como acusación popular. Además, mantuvo una reunión con responsables del Ministerio de Fomento y la propia ministra, Ana Pastor, en la que trasladaron diversas peticiones referidas a la seguridad en los transportes y, en especial, en los ferroviarios.
Esta entidad, que se denomina Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (Apafas), cuenta con el asesoramiento jurídico del bufete de abogados González Martín & Asociados, cuyo abogado titular, Javier González, con firmó que el personamiento en la causa se llevó a cabo el martes, tras haberse registrado como tal.

Nace con varias decenas de afectados que se sumaron a esta asociación, según explicaron sus precursores. La entidad creó una página web para dar información a las víctimas, aunque todavía no está disponible, y ofrece información en el teléfono 652 444 225, en que está disponible el presidente de la asociación, un jefe militar retirado y víctima del accidente, Cristóbal González.

Precisamente, este afectado por el descarrilamiento del tren en Angrois el 24 de julio explicó que mantuvo el lunes un encuentro con dirigentes de Fomento, incluida la ministra, quien transmitió su 'dolor, preocupación y compromiso' con las víctimas, así como escuchó las peticiones que les realizaron. Entre las reclamaciones de esta asociación está la creación de un centro de coordinación para atender y un seguimiento a las víctimas y sus familiares de los fallecidos.

Además, muestra su preocupación porque heridos y familiares han recibido 'cartas' con los costes de la asistencia sanitaria, que cubren los distintos seguros (incluida la Seguridad Social). Al respecto, demanda que no se envíe esta información a los afectados, para lo que ven útil la constitución de este órgano de coordinación. Otra de las cuestiones que han demandado los afectados es la 'revisión' de la ley del seguro obligatorio de viajeros, sin actualizar desde 1989, ya que en esa normativa, tal y como explicó el abogado de esta asociación, se recogen indemnizaciones de seis millones de pesetas (36.000 euros).


SEGURIDAD EN EL INTERIOR

Además, la entidad de víctimas también aboga por establecer nuevas medidas de seguridad en el interior de los vagones, y que éstas formen parte del arco de seguridad. Reclaman así 'medidas inmediatas' a nivel nacional que garanticen 'un más seguro traslado de los viajeros', inspiradas en algunas de las situaciones que provocaron mayores situaciones de peligro cuando el Alvia descarriló. Piden cambiar la fijación de los asientos para evitar que salgan volando; la sustitución de las bandejas de cristal en el compartimento superior para maletas, pues generaron múltiples heridas a los pasajeros; o el anclaje de las maletas en el habitáculo adecuado que eviten su lanzamiento en caso de siniestro.

Mientras, un voluntario de la Fundación Avata, Alberto García, explicó que han contactado con 90 personas vinculadas directamente con el accidente y tienen previsto mantener una asamblea este jueves en Madrid con el fin de analizar cómo constituir una asociación de víctimas y familiares 'como únicos protagonistas'. El próximo martes habrá otra asamblea igual en Santiago y, en ambas, estarán presentes profesionales como letrados, médicos y psicólogos.

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