El Gobierno ha ratificado que la nueva la ley gallega de administración local no se hará hasta que esté listo el nuevo modelo de financiación.
Eso sí, a partir de ese momento, la Xunta se da un plazo máximo de seis meses para presentarla.De esta "reflexión sobre los plazos" que dificulta que la nueva ley gallega esté lista antes de las próximas municipales ha informado el vicepresidente, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, que ha presidido ante la ausencia del presidente, Alberto Núñez Feijóo, quien regresa este jueves de su viaje institucional a México y Panamá.
En su intervención, Rueda ha informado de la aprobación de la ley de medidas urgentes para facilitar la aplicación de la reforma local de Montoro, que previsiblemente estará lista antes de verano si se agilizan los trámites parlamentarios, y ha ratificado que la Xunta -pese a la petición de PSdeG y BNG- no llevará la reforma estatal al TC, aunque no renuncia a introducir "mejoras".
Al tiempo, ha ligado estas "mejoras" al desarrollo de una nueva ley gallega de la administración local y ha defendido que, teniendo en cuenta las competencias que la reforma local obliga a asumir las comunidades, lo "lógico" es que la norma gallega global que la "mejorará" y adecuará a las necesidades autonómicas se diseñe ya con el nuevo modelo de financiación sobre la mesa.
Precisamente, la propia ley de medidas urgentes aprobada este jueves recoge que las competencias que "debe asumir" la Comunidad en educación, salud y servicios sociales "seguirán siendo prestadas por los ayuntamientos" mientras "no se den" las condiciones previstas para su traspaso, que condiciona al nuevo de sistema de financiación autonómico y de las haciendas locales.
Dicha normativa añade que en el marco del que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades y de las haciendas locales, el Consello de la Xunta regulará las condiciones del correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales, sin que "la gestión por las comunidades" de dichos servicios pueda suponer "un mayor gasto" para el conjunto de las administraciones.
Ante las "dudas" legales de interventores y alcaldes para continuar prestando servicios a sus vecinos, la ley de medidas urgentes también regula el ejercicio de nuevas competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que, conforme la legislación básica, sólo será posible cuando no se ponga en riesgo "la sostenibilidad financiera" del conjunto de la hacienda local y no haya duplicidades.
Con tal fin, regula la forma de apreciación de la existencia o no de duplicidades y también la solicitud de informes competencia de la administración autonómica, el procedimiento y plazo para su emisión, así como su carácter vinculante y contenido. Al tiempo, unifica criterios y clarifica qué "no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias".
