Esta cifra es negada por la portavoz de los afectados de O Morrazo, que eleva la sanción media a más de 600 euros.
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ha aseverado este miércoles que la Agencia Tributaria cifra en 274 euros la sanción media impuesta a los emigrantes retornados que perciben una pensión del extranjero, mientras que la portavoz de los afectados de O Morrazo, Maruchi Álvarez, ha negado este dato y ha sostenido que la media supera los 600 euros.
Ante el pleno de la Cámara, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Carmen Gallego, Muñoz también ha apuntado que la liquidación media que se solicita a los retornados es de 603 euros y, en base a los mismos datos estatales, ha dicho que estos pensionistas son el 6,5 por ciento del total y que el 67 por ciento de ellos "cumplieron con sus obligaciones".
Más allá de esto, ha vuelto a explicar que ya trasladó al director de la Agencia Tributaria el acuerdo unánime del Parlamento en torno a la no imposición de sanciones a los emigrantes retornados -que posteriormente el PP rechazó en el Congreso- y que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya trasladó su "preocupación" por este asunto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Los compromisos que obtuvo, según ha apuntado, tienen que ver con el impulso de "campañas de divulgación" de las obligaciones fiscales del colectivo de los pensionistas retornados y a evaluar "con el máximo celo" las circunstancias personales para admitir, por ejemplo, solicitudes de aplazamiento del pago.
"¡El Gobierno sólo tiene celo para seguir reclamando dinero a inmigrantes mientras hace amnistías fiscales para los que llevaron dinero opaco a Suiza!", ha replicado Carmen Gallego, quien ha concluido que las reuniones y cartas de la conselleira tuvieron "resultado cero" pues ni hay "mayor o mejor información" ni han dejado de llegar notificaciones a los pensionistas.
"¿QUÉ VAN A HACER?"
Dicho esto, ha demandado a la conselleira que concrete qué hará la Xunta para que "se cumpla lo aprobado" en el Pazo do Hórreo. "Y si no son capaces de resolverlo, dígaselo a la cara a los afectados", ha espetado a Elena Muñoz, toda vez que representantes de las distintas plataformas gallegas seguían el debate desde la tribuna de invitados.
Para concluir, la titular de Facenda ha aseverado que seguirá pidiendo a la Administración central que "no imponga sanciones" a los afectados, desde el convencimiento de que no tenían "voluntad de defraudar".
Finalmente, en el debate con la parlamentaria socialista ha subrayado que, si bien la normativa fiscal que obliga a declarar a estos pensionistas es anterior a la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, el anterior Gobierno "no informó debidamente" a los afectados y ahora "acumulan años" de incumplimientos.
"FALTA DE RESPETO"
Al término de esta pregunta, los afectados que habían estado siguiendo la intervención de la conselleira se congregaron en los pasillos de la Cámara para comentar con diputados de los tres grupos de la oposición lo ocurrido.
Y, en declaraciones a los medios, la portavoz de la plataforma de O Morrazo ha opinado que sus palabras en el hemiciclo fueron "una falta de respeto" al colectivo de afectados y que Elena Muñoz ha actuado como "una mentirosa".
"Es verdad que se reunió con nosotros y que tuvo palabras bonitas, pero la sanción media es de entre 600 y 750 euros", ha sostenido y, como hija de una pensionista de Alemania, ha anunciado que acudirá a los juzgados para reclamar el dinero que le "robaron" de Hacienda, pues sus ingresos están sujetos a un convenio especial con el país germano.
Además, ha criticado que actualmente, al inicio de una nueva campaña de la declaración de la Renta, "no se está informando" a estos pensionistas. "Estamos tributando sin saber lo que hacemos", ha remachado en alusión a un colectivo que, según sus cálculos, agrupa a unas 20.000 o 25.000 personas.
MANIFESTACIÓN
En paralelo, casi un centenar de afectados se concentraban en el exterior del Pazo do Hórreo para corear lemas como 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'Feijóo, escucha, estamos en lucha'.
En declaraciones a Europa Press, un afectado procedente de Cee (A Coruña), Francisco Salguero, ha preferido no concretar la cuantía de su multa y de su reclamación y únicamente ha apuntado que "tiene muchos ceros". Ante la imposibilidad de afrontarla, como ha dicho, ya tiene los papeles en manos de "abogados".
"Me están robando, y no hay derecho", ha argumentado, criticando también que la Xunta "mira para otro lado y cree que con echarle la culpa a los socialistas está todo solucionado". "Hoy hasta me da asco ser español", ha sentenciado.
Es lo mismo que ha trasladado a Europa Press otra afectada, Carmen Lozano, quien este mismo miércoles recibió "el último sobre", el correspondiente a la declaración de 2012. "Y tengo pensado ir al juzgado", ha sostenido.
Después de señalar que "la culpa de todo" la tienen quienes "votaron al PP, y con mayoría absoluta", ha afirmado que si le dieran "algo" por sus propiedades, las vendería y se marcharía "otra vez". "Estoy harta de ser española, me da vergüenza", ha lamentado.
