El anteproyecto de Ley del Empleo Público elevado al Consello de la Xunta pretende reorganizar los recursos humanos, con una reasignación de efectivos en función de las necesidades de cada área, pero 'no habrá' rescisión laboral.
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, señaló en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, que con esta normativa la intención es 'abrir la puerta' a ese reajuste, sin que ello 'conlleve ningún tipo de despido' ni otro objetivo que no sea el de 'mejorar el funcionamiento de la administración manteniendo el mismo número de efectivos'.
Mañana mismo, a las 11:00 horas, será presentada a las organizaciones sindicales.
De esta propuesta, la responsable de este departamento autonómico resaltó que permitirá una gestión 'moderna y homogénea' y eliminará todas las 'lagunas normativas y contradicciones' con la legislación básica, aparte de que situará a Galicia en posición de 'vanguardia' puesto que solo dos comunidades hasta ahora, Valencia y Castilla La Mancha, se han adaptado al Estatuto Básico del Empleado Público.
Las principales novedades del texto gallego se concentran en un marco 'estable, único y flexible para todos' y en el propio ámbito de aplicación, ya que englobará a los trabajadores de todas las administraciones públicas gallegas: Xunta, entidades locales, entidades públicas instrumentales, vinculadas o dependientes de ambas; personal de la administración de las universidades y otros órganos como el Consello Consultivo.
Así, abundó en que se estandarizan las condiciones laborales, se facilita la 'gestión global' de los efectivos y mejora la movilidad del personal. También hizo especial hincapié la conselleira en la apuesta por la profesionalidad al establecer la carrera horizontal del personal funcionario.
Los empleados públicos podrán optar a un ascenso de grado o categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, a través de la valoración de méritos y el estímulo de su formación y eficiencia. El sistema, puntualizó Muñoz, será el de la 'evaluación continua'.
Además, se unifica el régimen disciplinario y se estipulan derechos para las víctimas de violencia de género y personas con discapacidad psíquica, y se establece la profesionalización de las tareas directivas y gerenciales con la introducción de la figura del personal directivo.
Asimismo, se incluyen los procesos de funcionarización del personal laboral fijo, lo que permitirá un ahorro en el conjunto del personal funcionario, se recogen acciones que servirán para aumentar la polivalencia de los empleados, como la posibilidad de ocupar diferentes puestos de trabajo; y se favorece el incremento de la productividad, incentivando la iniciativa y el esfuerzo de los empleados públicos.
En el ámbito de la eficiencia, se reduce la burocracia y se simplifica la organización administrativa con el refuerzo de las funciones de coordinación y de representación del personal a través de las mesas generales de negociación de los empleados públicos.
El Gobierno gallego iniciará una fase de consultas, que comienza este viernes con los sindicatos, y que se extenderá a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a las universidades con el propósito de lograr el consenso.
La conselleira mostró su esperanza de que 'a lo largo de este año podamos tener aprobada esta ley, esa es nuestra intención'.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo en esta intervención compartida que la normativa, sujeta lógicamente a modificaciones, será 'trasladada de forma inmediata' para su negociación a los mencionados agentes.
Igualmente, al igual que Muñoz, destacó que la ley intentará dotar a la función pública de una regulación más homogénea, 'creyendo en la Galicia de verdad, en esa Galicia única que tiene empleados públicos con independencia de la administración pública donde trabajan'.
'En definitiva -completó- lo que buscamos es que los ciudadanos se encuentren más satisfechos de la prestación de sus servicios públicos, porque son los ciudadanos los que los financian'.
Elena Muñoz destacó que el colectivo 'llevaba años demandando' esta herramienta, que beneficiará, dijo, al conjunto de la ciudadanía que podrá disfrutar 'de una administración más ágil, más eficiente en su funcionamiento, mejor planificada y con una gestión más moderna'.
Recordó que este texto normativo forma parte de un compromiso del programa electoral, 'ya que sitúa en la vanguardia a la Xunta y también al resto de las administraciones gallegas', dotándolas de un marco común y flexible.
Mañana mismo, a las 11:00 horas, será presentada a las organizaciones sindicales.
De esta propuesta, la responsable de este departamento autonómico resaltó que permitirá una gestión 'moderna y homogénea' y eliminará todas las 'lagunas normativas y contradicciones' con la legislación básica, aparte de que situará a Galicia en posición de 'vanguardia' puesto que solo dos comunidades hasta ahora, Valencia y Castilla La Mancha, se han adaptado al Estatuto Básico del Empleado Público.
Las principales novedades del texto gallego se concentran en un marco 'estable, único y flexible para todos' y en el propio ámbito de aplicación, ya que englobará a los trabajadores de todas las administraciones públicas gallegas: Xunta, entidades locales, entidades públicas instrumentales, vinculadas o dependientes de ambas; personal de la administración de las universidades y otros órganos como el Consello Consultivo.
Así, abundó en que se estandarizan las condiciones laborales, se facilita la 'gestión global' de los efectivos y mejora la movilidad del personal. También hizo especial hincapié la conselleira en la apuesta por la profesionalidad al establecer la carrera horizontal del personal funcionario.
Los empleados públicos podrán optar a un ascenso de grado o categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, a través de la valoración de méritos y el estímulo de su formación y eficiencia. El sistema, puntualizó Muñoz, será el de la 'evaluación continua'.
Además, se unifica el régimen disciplinario y se estipulan derechos para las víctimas de violencia de género y personas con discapacidad psíquica, y se establece la profesionalización de las tareas directivas y gerenciales con la introducción de la figura del personal directivo.
Asimismo, se incluyen los procesos de funcionarización del personal laboral fijo, lo que permitirá un ahorro en el conjunto del personal funcionario, se recogen acciones que servirán para aumentar la polivalencia de los empleados, como la posibilidad de ocupar diferentes puestos de trabajo; y se favorece el incremento de la productividad, incentivando la iniciativa y el esfuerzo de los empleados públicos.
En el ámbito de la eficiencia, se reduce la burocracia y se simplifica la organización administrativa con el refuerzo de las funciones de coordinación y de representación del personal a través de las mesas generales de negociación de los empleados públicos.
El Gobierno gallego iniciará una fase de consultas, que comienza este viernes con los sindicatos, y que se extenderá a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a las universidades con el propósito de lograr el consenso.
La conselleira mostró su esperanza de que 'a lo largo de este año podamos tener aprobada esta ley, esa es nuestra intención'.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo en esta intervención compartida que la normativa, sujeta lógicamente a modificaciones, será 'trasladada de forma inmediata' para su negociación a los mencionados agentes.
Igualmente, al igual que Muñoz, destacó que la ley intentará dotar a la función pública de una regulación más homogénea, 'creyendo en la Galicia de verdad, en esa Galicia única que tiene empleados públicos con independencia de la administración pública donde trabajan'.
'En definitiva -completó- lo que buscamos es que los ciudadanos se encuentren más satisfechos de la prestación de sus servicios públicos, porque son los ciudadanos los que los financian'.
Elena Muñoz destacó que el colectivo 'llevaba años demandando' esta herramienta, que beneficiará, dijo, al conjunto de la ciudadanía que podrá disfrutar 'de una administración más ágil, más eficiente en su funcionamiento, mejor planificada y con una gestión más moderna'.
Recordó que este texto normativo forma parte de un compromiso del programa electoral, 'ya que sitúa en la vanguardia a la Xunta y también al resto de las administraciones gallegas', dotándolas de un marco común y flexible.
