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El juez deniega la cautelar a Iván Corral y ya está inhabilitado como presidente de la FGA

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El juez deniega la cautelar a Iván Corral y ya está inhabilitado como presidente de la FGA

Ourense. 2-06-2016. Presentación 49 Rallye de Ourense.Iván Corral.  Paz
Gloria de Burgos pasa a ser la presidenta del ente gallego en sustitución de Corral, que sí preside la comisión delegada

La justicia deportiva sigue su cauce, lenta pero con firmeza. El procedimiento abierto en contra de Iván Corral por "abuso de autoridad" y "uso ilegítimo del cargo" ha dado un paso más y tras el rechazo a la adopción de medidas cautelares que ha decretado el juez, el ahora presidente de la comisión delegada de la FGA, Iván Corral, ha tenido que dejar el cargo de máximo mandatario de la Federación (siguiendo el artículo 34 de los estatutos del ente) en favor de su vicepresidenta y esposa, Gloria de Burgos Pousa.

Siguiendo el artículo 34 del estatuto y régimen disciplinario de la FGA, Corral cesa temporalmente en el cargo por "sufrir unha sanción disciplinaria firme que o inhabilite para o exercicio do seu cargo" (epígrafe F), tal y como se explica en el procedimiento abierto meses atrás.

La sanción, de un año de duración, permitirá al Corral presentarse a las próximas elecciones sin inhabilitaciones pendientes, un movimiento hábil y perfectamente planificado.
Esto ya puede observarse en el anuario de 2021 de la Federación Galega de Automobilismo, aunque su departamento de prensa no ha publicado cualquier tipo de información al respecto, aunque esta negativa a tomar medidas cautelares se tomó a inicios del pasado mes de diciembre.

Contencioso administrativo

El rechazo del juez a las medidas que solicitaron los abogados del expresidente han obligado a Corral a acatar esta sanción desde el pasado 11 de diciembre (de ahí el cambio en la composición del anuario), aunque el procedimiento sigue adelante, tal y como se esperaba, en el contencioso administrativo a la espera de la decisión final sobre esta inhabilitación de un año y la consiguiente multa de 25.193 euros por "abuso de autoridad" y "uso ilegítimo del cargo" a la hora de alquilar los bajos en los que se sitúa la sede y el archivo del ente, en Ourense y O Carballiño.