El endurecimiento de las condiciones para albergar animales obligó a revisar sus instalaciones
El Concello de Verín ultima la documentación necesaria para dotar a la perrera provisional municipal de todas las autorizaciones pertinentes para poder seguir desarrollando su actividad en colaboración con la protectora Pro Animales. Así lo confirmó el alcalde en funciones, Diego Lourenzo, que en las últimas jornadas acompañó a los técnicos de la Xunta de Galicia para comprobar el estado de la instalación y detectar los defectos que, una vez subsanados, permitirán el ejercicio de la actividad sin temor a posibles sanciones o amenazas de clausura.
El alcalde accidental, Lourenzo Moura, firmará el lunes los decretos de remisión a los organismos competentes de los últimos requerimientos solicitados, entre los que se encontraba la inscripción de la instalación en el registro autonómico de núcleos zoológicos o la contratación de la gestión de los residuos orgánicos que se produzcan por el fallecimiento de alguna de las mascotas recogidas.
Además, el teniente de alcalde confirmó que también trabaja su administración en darle la definitiva redacción a la futura ordenanza reguladora del maltrato animal, anunciada meses atrás y que todavía "non conseguimos poder levala ao plena para a súa aprobación. É unha norma que dende este goberno consideramos imprescindible, aínda que unha sociedade avanzada non precisaría deste tipo de normativa expresa", razona Diego Lourenzo.
A la espera
La realización de los trámites de legalización se anticipa así a la formalización, por parte del ente autonómico, del compromiso adquirido para levantar en la superficie del Polígono de Pazos una protectora gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la comarca de Monterrei. El Concello de Verín había puesto a disposición del ente mancomunado un terreno de titularidad municipal en el polígono industrial de Pazos (Verín) para levantar en el la perrera municipal. Según confirmó el presidente de la Mancomunidad, José Luis Suárez, "existía un compromiso de levantar esa infraestrutura contando co financiamento, ademais da propia Mancomunidad, de Xunta de Galicia e da Deputación de Ourense, que achegarían arredor de 50.000 euros cada institución integrada no novo proxecto, amais da Mancomunidade".
