Alberto G.A. y Feliciano R. M. deberán personarse en los juzgados el 1 y el 16 de cada mes
Tras prestar declaración este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Verín, Alberto G.A., ex presidente del desaparecido C.D. Ourense y Feliciano R.M., responsable del C.F. Monterrei, quedaron en libertad como investigados, acusados de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. La jueza puso a ambos medidas cautelares, traducidos en que tendrán que personarse los días 1 y 16 de cada mes en dependencias judiciales. El tercer investigado en el caso, Óscar O.B., no llegó a declarar en el juzgado, quedando libre tras su paso por dependencias policiales.
La operación se activó después de que la Policía Nacional, según dio a conocer la Comisaría, localizara a siete jóvenes procedentes de México, Argentina, Colombia, Venezuela y Senegal, que supuestamente fueron captados en sus países de origen para jugar al fútbol en España. Una vez en territorio nacional, según la Policía, eran empleados en "condiciones de hambruna", siendo mantenidos por colectivos como Cáritas, a cuyas instalaciones acudían con regularidad a recoger alimentos.
Los investigados negaron ayer ante la jueza pertenecer a un grupo criminal o haber engañado a alguno de los siete jóvenes con falsos contratos para jugar al fútbol. Según pudo saber este periódico, argumentaron que simplemente les ayudaron, una vez que se asentaron en la comarca de Monterrei, a salir adelante, dado que carecían de un puesto de trabajo o medios económicos.
El presidente del C.F. Monterrei, en el que jugaban algunos de los jóvenes, reconoció que mantenía buena relación con los futbolistas, pero meramente deportiva.
Uno de los jugadores, natural de México, fue el desencadenante de las detenciones al denunciar que había sido engañado y no tenía medios ahora para regresar a su país.
Lograr beneficios económicos y mejorar el nivel del equipo
Los investigados, según pudo saber este periódico, argumentaron ante la jueza que su interés era meramente deportivo y, de paso, ayudaban a inmigrantes en mala situación económica.
Sin embargo, los agentes del Grupo de Extranjería y Fronteras sostienen una versión distinta: buscaban un beneficio económico. Por un lado, al contar con jugadores que daban mayor calidad deportiva al equipo. Algo que conllevaría captar nuevos y mejores patrocinadores para el club.
Y por otro lado, con la posibilidad de conseguir la firma de futuros contratos de representación y cesiones de derechos de imagen, ante la posibilidad de que alguno de los siete jóvenes localizados pudiera acabar siendo fichado por equipos que compiten en categorías superiores.
