Elaborará un informe de los daños y establecerá un conjunto de actuaciones para preservarlo
La compañía causante de los daños en el castro del Muro do Búbal no solicitó la pertinente licencia de obras para llevar a cabo la ampliación del camino existente en sus inmediaciones y que desembocaría en la plantación de coníferas que la comunidad de montes de Medeiros había emprendido. Así lo confirma el regidor municipal, José Luis Suárez Martínez, quien ayer, acompañado de un técnico municipal, mantuvo un encuentro con la junta directiva del colectivo investigado por los daños ocasionados a un recinto protegido y datado en la Edad del Hierro, tras conocerse que tres de ellos habían sido imputados por un presunto delito sobre el patrimonio histórico, al igual que el capataz de la empresa contratada para la ejecución de los trabajos y el operario de la retroniveladora que acabó por perpetrar el supuesto hecho punible.
El regidor de Monterrei, uno de los concellos afectados al compartir el castro emplazamiento con su vecino de Oímbra, aseguró que "estou convencido de que aos veciños non se lles comunicou con exactitude cales eras os riscos e os permisos precisos para levar a cabo dita obra. Unha empresa especializada tiña que coñecer perfectamente a lexislación, e de terlles comunicado a necesidade de solicitar un permiso, esa licencia de obra tería que ser trasladada a Patrimonio para que a informase e establecese as oportunas indicacións", dice Suárez Martínez.
Evaluación de daños
El alcalde, al igual que su homóloga Ana María Villarino Pardo en el Concello de Oímbra, confirmó que ha solicitado un informe técnico por un arqueólogo titulado de los daños originados y aseguró que contactará con Villarino Pardo para emprender una acción conjunta de protección del perímetro del castro del Muro do Búbal, "que nos permita evitar posibles agresións futuras, aínda que sexan, como neste caso, fortuítas", señaló.
Los daños se originaron cuando la comunidad de montes solicitó la ampliación del ancho de una de las pistas forestales que llevan a la plantación de coníferas que habían iniciado en las inmediaciones del recinto arqueológico. Los trabajos en el monte contaban con los oportunos permisos administrativos de Medio Rural.
Necesaria prevención futura
La denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil fue cursada por la Sociedad Galega de Historia Natural, después de que un colectivo local tuviese conocimiento de las agresiones al recinto arqueológico. Ayer, su presidente, Serafín García, explicaba que en su ánimo no estaba el "acusar directamente a ninguén, de feito nós descoñeciamos que a execución desa desfeita fora encomendada pola comunidade de montes de Medeiros. O único que fixemos foi pór os feitos en coñecemento das autoridades pertinentes para que se investigasen e, na medida das posibilidades, se lle poña remedio", afirmó.
García prosiguió asegurando que "a nós, como colectivo, nos basta cun lixeiro apercebimento á comunidade que sirva tamén de mínima lección para o resto de asociacións que poidan ter patrimonio nas súas competencias, non pretendemos condear a ninguén por un feito tan fortuíto coma este", dijo.
García instó a los dos municipios afectados por la ocupación del castro del Muro do Búbal para que tomen las medidas necesarias de protección "até que non se leven a cabo os traballos de restauración dos danos, e así poder evitar que se incremente ou mesmo que se produza algún expolio dese patromionio ao estar tan exposto", concluyó.
