El pleno aprobó una medida de carácter excepcional y retroactivo para paliar el mal año de 2017
Extenso, quizás el más largo de la legislatura, fue ayer el pleno último de la Corporación municipal de Oímbra en 2017 y, sin duda, uno de los más significativos por la repercusión económica que las decisiones aprobadas tendrán en los próximos meses. El principal acuerdo adoptado fue el propuesto por su alcaldesa, Ana María Villarino, consciente de las vicisitudes que ha sufrido el sector agrícola en este último año: "Foron vítimas da sequía, da xeada, da peste do castiñeiro, da avispiña. Creo que era o momento de apoiar dende o noso concello a este colectivo", afirma, y para tal fin, decidió establecer una ayuda directa de 60 euros al mes durante seis meses a todos aquellos productores del sector primario que permanezcan de alta en la actividad al menos desde el pasado uno de enero de 2017.
Será una aportación directa, calculada para el medio centenar de explotaciones oficialmente reconocidas y entrará en vigor en el momento en el que se apruebe la ordenanza reguladora de la iniciativa, aunque tendrá efectos retroactivos al uno de enero del próximo año.
No será la única medida de gasto directo para la financiación de las actividades agrícolas y/o empresariales. El Concello de Oímbra mantiene el apoyo económico, por tercer año consecutivo, de las cuotas de los autónomos que decidan apostar por establecer sus medios productivos en el municipio. Mantendrán además las ayudas a aquellas empresas que contraten a trabajadores desempleados, llegando a una aportación directa de 600 euros si el contrato alcanza los 12 meses.
Más horas de dependencia
Son las grandes apuestas de unos presupuestos que no superan a los del 2017, la cifra total es de 1.250.000 euros, pero sí muestran una clara deriva en el gasto social, pasando de los 175.000 euros del pasado ejercicio a los 210.000 prevsitos para el 2018, debido al incremento de las horas de prestación de ayuda en el hogar, que durante los próximos doce meses aumentarán en 215 al mes, cerrando el 2018 con un montante de 19.020 horas.
Será la partida de servicios sociales y promoción social la que se lleve casi el 20 por ciento del presupuesto anual, 246.300 euros, y la segunda en importancia, la de bienestar comunitario, 188.600 euros.
Rebajas de dos ordenanzas municipales
Aunque el presupuesto del Concello de Oímbra no permite excesivas inversiones por su alto componente social, la Corporación municipal aprobó ayer destinar casi 170.000 euros a nuevos proyectos, a los que habrá que sumar los que el consistorio reciba de otras administraciones públicas, unos 700.000 euros en el ejercicio que ahora termina.
Lo que supone, a efectos reales, incrementar hasta casi los 2 millones de euros "pero que non podemos contemplalos porque non son convenios asinados que nos poidan garantir unha determinada cifra de ingresos", dice Ana María Villarino.
El pleno de ayer también sirvió para aprobar la determinación de adherirse al club de los "Concellos emprendedores" ideado por la Xunta de Galicia para potenciar el desarrollo empresarial de aquellos municipios menos favorecidos por la inversión. La Corporación municipal rebajó las ordenanzas municipales referidas al impuesto de actividades económicas y al de bienes inmuebles, para todas aquellas iniciativas empresariales que se establezcan en su territorio.
La sesión permitió además para dar a conocer que la localidad dispondrá en el 2018 con la primera de sus aulas informáticas, financiada en parte por fondos gestionados a través del Grupo de Desarrollo Rural.
