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Los okupas de Verín plantean al Juzgado alquilar las casas

Las viviendas ocupadas. Los nuevos inquilinos dicen estar dispuestos a pagar un alquiler bajo
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Se comprometan a pagar entre 60 y 80 euros al mes y reclaman que les vuelvan a conectar el agua

Las nueve familias que ocuparon por la fuerza el pasado 1 de agosto otras tantas viviendas que tenían libres el Ministerio de Fomento y la Consellería de Medio Ambiente entre las calles San Rosendo y San Antón de Verín, acaban de plantear en el Juzgado de Instrucción que se les permita residir en los inmuebles pagando un alquiler, entre 60 y 80 euros al mes. En un escrito, también piden que la empresa Espina y Delfin, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua a la villa, que les vuelva a conectar el suministro, que les fue cortado nada más ocupar los inmuebles. "Las casas estaban vacías desde hace años, algunas de ellas llenas de basura y con la ocupación creo que no hacemos daño a ningún vecino", apuntó el portavoz, Marcos S. S.

Con esta iniciativa, los okupas pretenden frenar un posible desalojo por la fuerza ahora que ya están acomodados con sus familias y tienen parte de los niños (17 en total de entre meses y tres años) escolarizados en los centros de enseñanza de la villa. "No tenemos viviendas. Todas las familias residimos en chabolas. Además, en estas casas ya hicimos algunas reformas y no podemos perder el dinero", añadió el portavoz, insistiendo en que todos son vecinos de Verín y que llevan años solicitando en el Concello una casa de protección oficial.

Las familias ocupantes conviven con el centro de discapacitados psíquicos de la Mancomunidad de Verín, que está instalado en otras de las casas, cedida por la Xunta y Fomento. El personal del centro aseguraba que las familias que ocupan las casas vecinas no suponen ningún problema para el funcionamiento del centro ni para los menores. El propio presidente del organismo supramunicipal recalca que el centro "no se vio alterado y hasta ahora el comportamiento fue correcto".

En el Concello de Verín declinaron pronunciarse sobre la situación alegando que hay un proceso judicial abierto y que la ocupación de las viviendas no se hizo de la mejora manera.

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