La organización Amnistía Internacional inició hoy en Río de Janeiro una campaña por la derogación de la Ley de Amnistía brasileña de 1979 que, a su juicio, garantiza la "impunidad" de los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura que rigió el país entre 1964 y 1985.
La campaña, abierta el día que se cumplen 50 años del golpe de Estado del 1 de abril de 1964 y que se prolongará 50 días, se propone recoger firmas para revisar la Ley de Amnistía y "eliminar las disposiciones que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de los derechos humanos".
Los militantes de la organización no gubernamental solicitan que el Gobierno brasileño ponga en marcha una "política de memoria", con la apertura de archivos y el establecimiento de "museos para mantener presente la historia de las violaciones de los derechos humanos en Brasil" y conseguir así "evitar que estos vuelvan a repetirse".
El Director Ejecutivo de Amnistía en Brasil, Attila Roque, dijo que la campaña pretende "cerrar el círculo de la impunidad" para que los brasileños puedan "juzgar los crímenes cometidos por agentes del estado durante la dictadura".
En este sentido, afirmó, pretende "movilizar a la sociedad y a los actores que tienen voz pública" para, de este modo, conseguir cerrar "la transición a la democracia" y "consolidar de manera efectiva el Estado de Derecho".
En su opinión, Brasil no puede seguir "conviviendo con crímenes de lesa humanidad" como torturas, desaparecimientos y ejecuciones sumarias de opositores de la dictadura militar que, como recordó, no prescriben.
Roque pidió "dar un paso al frente" como ya han hecho otros países de la región que vivieron bajo dictaduras, como Argentina, Uruguay y Chile, que, en su opinión, "ya fueron capaces de superar esa fase y llevar a la justicia esos crímenes" de lesa humanidad.
Además, subrayó la necesidad de que Brasil "se adecúe a las leyes internacionales y a los tratados" de los que es signatario y en los que se pide que "los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado no sean objeto de amnistía y perdón".
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió sentencia pidiendo que Brasil revise su ley de amnistía permitiendo que ese capitulo sea, de hecho, cerrado en Brasil", concluyó.
Como parte de su campaña, Amnistía ha situado en la céntrica plaza de Cinelandia, escenario de las mayores protestas contra la dictadura, una instalación de 21 escudos policiales sobre botas militares, uno por cada año que el país estuvo bajo régimen dictatorial.
Escrito en cada uno de esos escudos hay una inscripción que recuerda algunas de las violaciones de derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura militar.
En el espacio que circunda la instalación, voluntarios de Amnistía participan de actos en los que se recuerdan a algunos de los opositores muertos durante la dictadura y los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fueron violados.
De este modo, según Amnistía, pretenden concienciar a los brasileños más jóvenes y que no vivieron la dictadura de la importancia de conocer y prevenir las violaciones de derechos humanos.
La Ley de Amnistía de 1979 ampara a los responsables de torturas, secuestros y otros crímenes ocurridos durante la dictadura y beneficia tanto a los militares como a los guerrilleros.
La "constitucionalidad" de la ley fue ratificada por la Corte Suprema hace cuatro años.
