Un juez guatemalteco de asuntos de la infancia fue detenido hoy por las fuerzas de seguridad en Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la capital del país, acusado de integrar una red dedicada a las adopciones ilegales de niños.
Diego Álvarez, portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo a los periodistas que Mario Fernando Peralta Castañeda, juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del departamento de Escuintla, fue detenido a petición de esa instancia y de la Fiscalía.
'Se le acusa de los delitos de asociación ilícita, trata de personas, prevaricación, conspiración y denegación de la justicia por conformar una estructura de personas que actuaban con el ánimo de lucrarse con la adopciones irregulares', precisó Álvarez.
Los investigadores de la Cicig establecieron que Peralta autorizó de forma ilegal la adopción de la niña Dafne Nayeli Camey Pérez, que le fue robada a su madre biológica y a la que se le cambió el nombre por el de Yajaira Noemí Muyus con la falsificación de documentos.
Por este mismo caso también son procesadas Iris Magaly Muyus, Susana Luarca y Enriqueta Noriega, quienes dirigían la Asociación Primavera, un supuesto centro de beneficencia para niños sin hogar, así como los abogados María Armas de Ortega y Juan Carlos Pinillos, que promovieron los trámites de adopción, y César Galicia, funcionario de la Procuraduría General de la Nación.
Según la Cicig, Peralta declaró 'el abandono' de la niña sin haber efectuado las diligencias necesarias para la localización de la verdadera madre, 'aún y cuando sabía que la identidad de la niña era falsa por contar con examen de ADN negativo'.
'El juez también otorgó la tutela de la niña a favor de la Asociación Primavera y ordenó su ingreso a los programas de adopción promovidos por la referida entidad', agregó Álvarez.
El 30 de mayo de 2008, la madre biológica de la pequeña, asesorada y apoyada por la Fundación Sobrevivientes, reconoció a su hija en una diligencia judicial, parentesco que se constató por medio de exámenes de ADN, con lo que recuperó a la niña.
Según la Fundación Sobrevivientes, el juez detenido también está implicado en al menos otros 23 casos de adopciones ilegales, entre ellos el de Anyelí Liseth Hernández Rodríguez, una pequeña robada a su madre y dada en adopción de forma ilegal a una pareja estadounidense y cuya repatriación desde EEUU ha sido ordenada por la Justicia guatemalteca.
En diciembre de 2008 entró en vigor una Ley de Adopciones que regula los procesos de entrega en adopción de niños guatemaltecos al extranjero, lo que acabó con las millonarias ganancias que obtenían los grupos criminales dedicados a estas actividades ilícitas.
Según organizaciones que velan por la protección de los derechos de la infancia, esas mafias se embolsaban unos 140 millones de euros anuales con las adopciones ilegales.
