La justicia de México comunicó ayer a la dirigente sindical Elba Esther Gordillo, detenida el pasado martes, que se enfrenta a los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cargos le fueron notificados por un funcionario judicial a la líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien escuchó las acusaciones al otro lado de una ventanilla con rejas en el Reclusorio Oriente de la capital mexicana.
En la audiencia, transmitida por las cadenas de televisión, la dirigente sindical estaba acompañada por otros dos detenidos en relación con el mismo caso, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz, a quienes les fueron imputados los mismos cargos. Los delitos son 'considerados graves', por lo que los tres detenidos no tienen derecho a 'gozar de libertad provisional', dijo un funcionario del juzgado penal que lleva la causa.
Cuando escuchó por primera vez que los cargos incluían el de delincuencia organizada, la líder sindical sonrió levemente y dirigió su mirada hacia arriba. El funcionario informó de que la situación jurídica de los detenidos debe ser resuelta en un plazo de 72 horas, que vencerá la noche del viernes, aunque puede ser prorrogable hasta las 144 horas para que los acusados aporten pruebas.
En la comparecencia estaba presente también el juez a cargo del caso, Alejandro Caballero, así como un defensor legal de Gordillo, quien pidió que se precisaran los 'hechos reales' en los que se basaban las acusaciones. .
RECURSOS SINDICALES
La Secretaría de Hacienda detectó en diciembre pasado, cuando comenzó la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, un depósito bancario de una suma muy elevada que le llevó a detectar en el sistema financiero el desvío de recursos sindicales para hacer pagos personales de Gordillo. Después de las primeras investigaciones, según la fiscalía general, se detectó que la dirigente sindical presuntamente se benefició de múltiples operaciones financieras por más de 120 millones de euros.
El dinero, procedente de los fondos del SNTE, fue usado supuestamente para pagar tarjetas de Gordillo, cubrir sus gastos en tiendas de lujo, abonar sus facturas de cirugía estética y comprar propiedades inmobiliarias, entre otras operaciones.
Cuando escuchó por primera vez que los cargos incluían el de delincuencia organizada, la líder sindical sonrió levemente y dirigió su mirada hacia arriba. El funcionario informó de que la situación jurídica de los detenidos debe ser resuelta en un plazo de 72 horas, que vencerá la noche del viernes, aunque puede ser prorrogable hasta las 144 horas para que los acusados aporten pruebas.
En la comparecencia estaba presente también el juez a cargo del caso, Alejandro Caballero, así como un defensor legal de Gordillo, quien pidió que se precisaran los 'hechos reales' en los que se basaban las acusaciones. .
RECURSOS SINDICALES
La Secretaría de Hacienda detectó en diciembre pasado, cuando comenzó la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, un depósito bancario de una suma muy elevada que le llevó a detectar en el sistema financiero el desvío de recursos sindicales para hacer pagos personales de Gordillo. Después de las primeras investigaciones, según la fiscalía general, se detectó que la dirigente sindical presuntamente se benefició de múltiples operaciones financieras por más de 120 millones de euros.
El dinero, procedente de los fondos del SNTE, fue usado supuestamente para pagar tarjetas de Gordillo, cubrir sus gastos en tiendas de lujo, abonar sus facturas de cirugía estética y comprar propiedades inmobiliarias, entre otras operaciones.
