El veto del Tribunal Constitucional luso a los recortes de las pensiones públicas pone otra piedra en el camino del plan de ajustes del Gobierno portugués, que acaba el año con un margen de maniobra cada vez menor para cumplir su compromiso de déficit.
Unos 400 millones de euros de ahorro quedaron el jueves invalidados por una sentencia que pesa de manera especial sobre el primer ministro luso, el conservador Pedro Passos Coelho, y es la quinta norma de ajustes ilegalizada este año. Desde Bruselas, el jefe del Ejecutivo acató ayer la decisión judicial como una 'solución no deseada' y se declaró dispuesto a estudiar alternativas centradas de nuevo en la reducción de pensiones.
Después de haber recibido la aprobación de la décima evaluación de la 'troika' acreedora, el nuevo revés judicial complica una vez más el cumplimiento de los objetivos de déficit del 5,5 por ciento en 2013 y del 4 en 2014, exigido a Portugal por el programa del rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La norma ilegalizada preveía una reducción del 10 por ciento de las pensiones de funcionarios públicos superiores a 600 euros a partir del próximo año. El Gobierno pretendía, además, hacer 'converger' el valor de las pensiones en Portugal, donde los trabajadores públicos ganan de media más que los del sector privado.
Passos Coelho subrayó que la sentencia deja 'puertas abiertas', ya que los jueces no consideraron inconstitucional reducir el valor de las pensiones, 'aunque sea en un contexto de reforma más general'. Ese camino podría comportar una reforma 'global', afirmó el primer ministro, que evitó mencionar una subida de impuestos como había defendido antes del fallo judicial.
Después de haber recibido la aprobación de la décima evaluación de la 'troika' acreedora, el nuevo revés judicial complica una vez más el cumplimiento de los objetivos de déficit del 5,5 por ciento en 2013 y del 4 en 2014, exigido a Portugal por el programa del rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La norma ilegalizada preveía una reducción del 10 por ciento de las pensiones de funcionarios públicos superiores a 600 euros a partir del próximo año. El Gobierno pretendía, además, hacer 'converger' el valor de las pensiones en Portugal, donde los trabajadores públicos ganan de media más que los del sector privado.
Passos Coelho subrayó que la sentencia deja 'puertas abiertas', ya que los jueces no consideraron inconstitucional reducir el valor de las pensiones, 'aunque sea en un contexto de reforma más general'. Ese camino podría comportar una reforma 'global', afirmó el primer ministro, que evitó mencionar una subida de impuestos como había defendido antes del fallo judicial.
