Italia se vio ayer inmersa en la polémica generada en torno a la actitud que mantuvieron los equipos de rescate tras el naufragio este jueves del barco de inmigrantes frente a la isla de Lampedusa y la aplicación, a partir de ahora, de la dura legislación migratoria vigente. El mal tiempo, con fuertes vientos y que dejó un complicado estado del mar, hizo que los buzos de la Guardia Costera italiana tampoco pudieran ayer sumergirse en el mar para intentar recuperar los cuerpos de algunos de los aún más de doscientos desaparecidos que se cree que pudieron fallecer en el naufragio.
A la espera de una posible mejoría de las condiciones para hoy que pueda permitir encontrar nuevos cadáveres, la atención se centró en los 155 supervivientes del naufragio, que, por el momento, deja un balance de 111 cadáveres recuperados. Los supervivientes, una vez identificados, serán investigados por la Fiscalía de Agrigento, la cabecera judicial de Sicilia a la que pertenece Lampedusa, por un supuesto delito de inmigración ilegal, un formalismo que se lleva a cabo siempre en estos casos en Italia en aplicación de la legislación vigente.
Desde que entró en vigor la última ley en agosto de 2009, tras su aprobación por parte del Ejecutivo de Silvio Berlusconi, con la Liga Norte en el Ministerio del Interior, Italia cuenta con el delito de inmigración ilegal, que no conlleva penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión de los indocumentados.
OBLIGADOS A DENUNCIAR
Según esta ley, con la que se obliga además a los funcionarios públicos a denunciar a los indocumentados (los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación), los inmigrantes que consiguieron sobrevivir, que, en algunos casos, pagaron 500 euros por la travesía, pueden enfrentarse a multas de hasta 5.000 euros.
A esta norma se suma la llamada ley 'Bossi-Fini' de 2002, que adquiere ese nombre por sus ministros conservadores promotores y que prevé el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.
'Estamos ante un fenómeno migratorio histórico, que no se resuelve agitando el miedo de la gente. Todos los remedios adoptados se han demostrado contraproducentes y fallidos, porque han alimentado un circuito de xenofobia y racismo que no hace honor a nuestro país', afirmó hoy el ministro de Administraciones Públicas, Giampiero D'Alia, en declaraciones a los medios en Sicilia.
Pero el promotor de la ley de 2009, el exministro de Interior y actual presidente de la región de Lombardía, Roberto Maroni, respondió ayer que espera que no se modifique tampoco la norma de 2002, promovida por el entonces líder de su formación, la Liga Norte, Umberto Bossi.
La presidenta de la Cámara de los Diputados de Italia, Laura Boldrini señaló que 'esperaba que se responda como es debido a esta tragedia con cambios a nivel legislativo y con acuerdos con los países de origen y tránsito, con las únicas medidas represivas vigentes esto no se resolverá nunca', dijo Boldrini.
Desde que entró en vigor la última ley en agosto de 2009, tras su aprobación por parte del Ejecutivo de Silvio Berlusconi, con la Liga Norte en el Ministerio del Interior, Italia cuenta con el delito de inmigración ilegal, que no conlleva penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión de los indocumentados.
OBLIGADOS A DENUNCIAR
Según esta ley, con la que se obliga además a los funcionarios públicos a denunciar a los indocumentados (los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación), los inmigrantes que consiguieron sobrevivir, que, en algunos casos, pagaron 500 euros por la travesía, pueden enfrentarse a multas de hasta 5.000 euros.
A esta norma se suma la llamada ley 'Bossi-Fini' de 2002, que adquiere ese nombre por sus ministros conservadores promotores y que prevé el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.
'Estamos ante un fenómeno migratorio histórico, que no se resuelve agitando el miedo de la gente. Todos los remedios adoptados se han demostrado contraproducentes y fallidos, porque han alimentado un circuito de xenofobia y racismo que no hace honor a nuestro país', afirmó hoy el ministro de Administraciones Públicas, Giampiero D'Alia, en declaraciones a los medios en Sicilia.
Pero el promotor de la ley de 2009, el exministro de Interior y actual presidente de la región de Lombardía, Roberto Maroni, respondió ayer que espera que no se modifique tampoco la norma de 2002, promovida por el entonces líder de su formación, la Liga Norte, Umberto Bossi.
La presidenta de la Cámara de los Diputados de Italia, Laura Boldrini señaló que 'esperaba que se responda como es debido a esta tragedia con cambios a nivel legislativo y con acuerdos con los países de origen y tránsito, con las únicas medidas represivas vigentes esto no se resolverá nunca', dijo Boldrini.
