Se suman a la petición de la fiscalía de reactivación del caso y al requerimiento por el que solicita fecha para el juicio oral
n n n Los demandantes del caso contra el alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, presentaron ayer por la mañana un recurso de queja por no haber recibido notificación del juzgado de la prueba caligráfica a tiempo y, en consecuencia de esto, por el dictamen de sobreseimiento del caso.
Eva Pardo y José Benito González, demandantes contra el alcalde de Boborás, se suman al recurso del Ministerio Fiscal quejándose de la actuación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción de Carballiño. En el mes de noviembre, los resultados de la prueba pericial caligráfica que demostraba que Cipriano Caamaño había escrito y firmado los papeles por los que era acusado de falsedad documental, no fueron notificados a las partes. La supuesta ocultación de esta prueba hacía que la jueza pusiese en pausa el proceso y dictara auto de sobreseimiento, alegando que no existían indicios suficientes para imputar el delito al investigado.
El Ministerio Fiscal de la Audiencia Provincial de Ourense se hizo eco de la existencia de estas pruebas y presentó un recurso, entendiendo que no continuar con el proceso penal en contra del alcalde era un error. Los demandantes recibieron el 26 de enero la notificación del reclamo de la Fiscalía y decidieron sumarse a ella presentando una queja.
La fiscal R. Tallón pidió el 19 de enero, después de haber presentado ese recurso, la reactivación del caso, instando a dejar sin efecto el auto de archivo provisional. Considera que las pruebas caligráficas son el detonante definitivo para poder condenar a Cipriano Caamaño, y solicita que se pase al siguiente paso y se ponga fecha para el juicio oral.
El alcalde de Boborás fue imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y por falsificación documental. Los dos primeros fueron casos archivados por no contar con pruebas suficientes para mantenerlos, mientras que este último sigue en fase de investigación.
Cipriano Caamaño empezó la edificación de su casa en A Almuzara, en Boborás, en el año 2011, en un terreno declarado rústico. Los archivos por los que está acusado de falsificación se corresponden con un certificado que demostraba que la vivienda ya estaba construida en 1999 y el documento que daba de alta la casa en el catastro. Lo que pretendía al modificar las fechas era que sus posesiones se legalizaran, adelantándose a la actualización del PXOM que no llegó a entrar en vigor, en la que los terrenos eran edificables. Cipriano Caamaño declaró no saber de la existencia de esos papeles, negando haberlos escrito y firmado él. En el caso también se llamó a declarar como imputados a la mujer del alcalde, María del Carmen Cives, y al técnico de urbanismo del Concello, Javier Francisco Rivera.
