El Juzgado de Primera instancia e Instrucción Número 1 de Carballiño ha citado a declarar el próximo 21 de mayo al alcalde de San Amaro, Ernesto Pérez, por presunta prevaricación administrativa a raíz de la denuncia de una vecina, Mercedes Barral, por no ejecutarse el derribo de las obras de ampliación de un galpón situado en la localidad de Sergude.
La denunciante se ampara en una resolución del Juzgado Número 1 del Contencioso Administrativo de Ourense que ordenaba al Concello de San Amaro regularizar legalmente la situación del alpendre, y de no ser posible por no ajustarse a las normas urbanísticas, entonces debería ordenar al propietario su derribo.
El conflicto entre la denunciante y el propietario por causa de la ampliación de dicha estructura se arrastra desde hace varios años, a raíz de la realización de las obras en el 2002, sin licencia municipal y en terreno calificado como rústico. El Concello procedía a ordenar su demolición en el mes de noviembre de 2012 concediéndole un mes de plazo al propietario para su ejecución.
Sin embargo, dado que no se produjo la demolición, la denunciante dirigía dos escritos al Concello, en noviembre de 2012 y en abril de este año, solicitando la demolición de la ampliación. En ese sentido, manifiesta el letrado que representa a Mercedes Barral, que al no recibir ninguna repuesta por parte de la institución local, se decidió seguir por la vía de lo penal, para que el Juzgado de Carballiño investigue la situación en el transcurso de las diligencias previas que ya se han abierto, tras la denuncia presentada a finales del pasado mes de abril.
RECURSO
El alcalde de San Amaro, Ernesto Pérez, declaró que tiene constancia del procedimiento abreviado iniciado por el Juzgado y que ha sido requerido para 'presentar a documentación dispoñible no Concello'.
El regidor asegura que tras la orden de derribo dada por el Concello por construir sin licencia municipal y en suelo rústico, el propietario presentó un recurso, alegando que el delito había prescrito porque las obras se realizaron hace 11 años, al mismo tiempo que solicitaba la paralización de la demolición.
Ernesto Pérez confirmó que el Concello resolvió a su favor porque 'pensamos que non ten que demoler porque está prescrito, tal e como argumenta'. El alcalde puntualiza, además, que 'nunca me ordenaron que o Concello demolera senón que o fixera o propietario, tal e como se lle ordenou'. Asimismo, aseguró que 'actuei sempre dacordo cos informes dos técnicos municipales e por eso ordenei o derribo'.
Será ahora el juez de Carballiño quien decida tras las diligencias previas si se archiva o continúa adelante el proceso judicial a raíz de la denuncia de la vecina.
El conflicto entre la denunciante y el propietario por causa de la ampliación de dicha estructura se arrastra desde hace varios años, a raíz de la realización de las obras en el 2002, sin licencia municipal y en terreno calificado como rústico. El Concello procedía a ordenar su demolición en el mes de noviembre de 2012 concediéndole un mes de plazo al propietario para su ejecución.
Sin embargo, dado que no se produjo la demolición, la denunciante dirigía dos escritos al Concello, en noviembre de 2012 y en abril de este año, solicitando la demolición de la ampliación. En ese sentido, manifiesta el letrado que representa a Mercedes Barral, que al no recibir ninguna repuesta por parte de la institución local, se decidió seguir por la vía de lo penal, para que el Juzgado de Carballiño investigue la situación en el transcurso de las diligencias previas que ya se han abierto, tras la denuncia presentada a finales del pasado mes de abril.
RECURSO
El alcalde de San Amaro, Ernesto Pérez, declaró que tiene constancia del procedimiento abreviado iniciado por el Juzgado y que ha sido requerido para 'presentar a documentación dispoñible no Concello'.
El regidor asegura que tras la orden de derribo dada por el Concello por construir sin licencia municipal y en suelo rústico, el propietario presentó un recurso, alegando que el delito había prescrito porque las obras se realizaron hace 11 años, al mismo tiempo que solicitaba la paralización de la demolición.
Ernesto Pérez confirmó que el Concello resolvió a su favor porque 'pensamos que non ten que demoler porque está prescrito, tal e como argumenta'. El alcalde puntualiza, además, que 'nunca me ordenaron que o Concello demolera senón que o fixera o propietario, tal e como se lle ordenou'. Asimismo, aseguró que 'actuei sempre dacordo cos informes dos técnicos municipales e por eso ordenei o derribo'.
Será ahora el juez de Carballiño quien decida tras las diligencias previas si se archiva o continúa adelante el proceso judicial a raíz de la denuncia de la vecina.
