NORMAS

La amenaza de sanciones obliga a retirar las terrazas en O Carballiño

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photo_camera La calle Tomás María Mosquera está ocupada habitualmente por las terrazas.

Alternativa Veciñal se muestra conforme y no sigue adelante con el contencioso administrativo

El grupo municipal Alternativa Veciñal de Carballiño retira la moción mediante la que pretendía instar a la Corporación a aprobar un contencioso administrativo contra el alcalde, el concejal de Personal y la Policía Local por incumplimiento de la ordenanza que regula las terrazas de hostelería.

Tras el acuerdo de la comisión de seguimiento, la Policía Local notificó a los más de 60 establecimientos que estaban obligados a retirar de la vía pública mesas, sillas y tarimas durante este mes de enero, tal y como se recoge en la ordenanza. De no cumplir, el Concello procederá a la apertura del correspondiente expediente sancionador, que le puede suponer al infractor entre 1.200 y 3.000 euros.

Una gran parte de los hosteleros son contrarios a esta medida, sobre todo aquellos que tienen tarimas porque le supone un gasto añadido y sólo por dejar libre el espacio durante este mes de enero, ya que a uno de febrero entra en vigor la autorización para este año. El Concello se había mostrado permisivo en anteriores años y ha intervenido ahora a raíz del empeño del portavoz de Alternativa Veciñal para que se respete la normativa.

En medio de la polémica, todavía ayer se retiraban las últimas tarimas, a escasos días de finalizar enero, pero a sabiendas de la sanción que les venía encima.

Uno de los afectados, la propietaria del Bar Soldado, declaraba que le resulta tan complicado y costoso levantar la terraza, que está pensando si la volverá a instalar en febrero. Asegura que tiene una tarima de cuatro módulos, que necesita cuatro o cinco personas para levantarla o la utilización de una grúa. Además, señala que ella, al igual que muchos otros hosteleros, no disponen de espacio para guardar las terrazas.

La hostelera indica que paga 385 euros al año por cinco mesas y que hace dos años le costó en torno 700 euros levantarla, tratar la madera y guardarla. Por eso, "si la tengo que levantar un mes al año es mejor no instalarla"sentenció.

Bernardo García, no obstante, considera que el cumplimiento de la ordenanza beneficia a todos.

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