El Concello de Carballiño abonará a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 240.000 euros correspondientes al canon anual por los vertidos de la depuradora al río Carrás, que están sin legalizar, pese a que se puso en marcha en el año 2010. En una situación normal la reclamación relativa a los últimos cuatro años sería de 40.000 euros, pero como todavía no se ha resuelto la legalización, el organismo reclama 200.000 euros más.
Para ello, el Gobierno socialista aprobó ayer en el pleno, con la abstención de los grupos de la oposición, una modificación presupuestaria con el fin de hacer frente al pago. Los portavoces del PP, Espazo Común y BNG reprocharon al gobierno que en septiembre del pasado año el Concello ya había recibido la notificación de la reclamación, pero que todavía en el último pleno de febrero, el alcalde, Francisco Fumega, manifestaba que estaban a la espera de su resolución.
El regidor explicó que el gobierno no supo de ese rechazo de las alegaciones hasta este mes de marzo en que se recibió la notificación de la Agencia Tributaria y argumentó que la notificación del organismo de cuenca no entró por el conducto oficial del Concello y que por eso no se supo hasta hace unos pocos días, asegurando que se sigue adelante con el proceso de legalización. La oposición no solo criticó ese error sino también el hecho de que después de 12 años, los vertidos siguen sin autorización.
La ampliación del área industrial motivaba un intenso debate, quejándose la oposición de que el protagonismo y las ventajas son para Maside, según el portavoz de Espazo Común, Adolfo Nogueira, y de la falta de información sobre el proceso pese a que se había aprobado una comisión de seguimiento.
Reparaciones en las instalaciones de la Galiña Azul
La portavoz del BNG, Sofía García, recibía el respaldo unánime para la moción mediante la que reivindicaba medidas para una igualdad de género efectiva y también en la que reclama al gobierno municipal que realice las reparaciones necesarias en las instalaciones de la Galiña Azul, o que demande al Consorcio Galego de Servizos e Benestar las responsabilidades pertinentes.
El gobierno socialista y el PP votaban en contra de la propuesta de Espazo Común para asumir la gestión de la recogida de basura en el caso de que la Diputación privatizase el servicio. El portavoz del Gobierno, Diego Fernández, manifestaba que la decisión ya se tomará una vez se conozcan los costes. La concejala “popular” Lidya Almonte lograba también el respaldo unánime para que el Concello haga públicos todos los contratos que realice.
