El gobierno de Carballiño no podrá subir las tasas en 2022

El gobierno socialista de Carballiño se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intención de aprobar la subida del 2,7% a un total de 28 tasas municipales, aplicando el Indice de Precios de Consumo (IPC) del 2,7%. Así lo había aprobado provisionalmente en el pasado mes de octubre con los votos en contra de todos los grupos de la oposición: PP, Espazo Común y BNG. No obstante, la propuesta que presentó este miércoles al pleno convocado para la resolución de las alegaciones fue totalmente distinta, estimando las alegaciones a esas 28 tasas y desestimando únicamente las relativas al agua y a la recogida de residuos. En 2021, la previsión de ingresos por esas tasas fue de aproximadamente 1.100.000 euros. En el caso de que se aplicara el incremento del 2,7% supondría un aumento en 2022 de casi 30.000 euros. Los tres grupos de la oposición lo tuvieron fácil porque los informes técnicos de Intervención, Tesorería y Secretaría dejaban bien claro que no se puede aplicar legalmente una subida lineal del IPC, ya que es necesario para realizar la modificación de la ordenanza un estudio económico de cada una de las tasas y servicios públicos que justifique el incremento. Por ese motivo, el gobierno local únicamente desestimó las relativas al agua y basura, que sí contaban con dicho estudio. El PP presentó en torno a 30 alegaciones, entre ellas las relativas a las 28 tasas, y había anunciado previamente al pleno que si se aprobaba el incremento estudiaría la posibilidad de ir a los tribunales, dada la ilegalidad que se cometía. La oposición reprochó al gobierno su intención de aplicar el IPC pese a los informes contrarios y recordó que de aprobarse, con tan solo una denuncia presentada, podría suponer la anulación de todas las tasas, que en ese caso no podría cobrar el Concello. El portavoz del gobierno, Diego Fernández, manifestaba que estimaban algunas alegaciones porque la situación económica ha empeorado y después de escuchar a los ciudadanos, asegurando que con el trabajo que tiene el personal del Concello no podría realizar el estudio económico de cada una de las referidas tasas, y que su grupo había decidido inicialmente aplicar el IPC dada la subida del coste de vida. PAGOS FRACCIONADOS EN EL CONSERVATORIO Mientras el PP presentaba en torno a 30 alegaciones, Espazo Común tenía 37 y el BNG otras 30. De todas ellas, fueron estimadas las relativas a la subida del IPC en 28 tasas, además de otras dos de los nacionalistas, una que exime del pago de la factura de la basura a los vecinos del rural que tengan los contenedores a más de 300 metros de sus viviendas; y otra relativa a las tasas del Conservatorio y Escuela de Música que se harán en pagos fraccionados de seis meses, en lugar de dos meses como se venía haciendo hasta ahora. La Corporación también abordaba dos mociones de Espazo Común, que fueron aprobadas por unanimidad. El portavoz de este grupo, Adolfo Nogueira, reclamaba al gobierno municipal “transparencia” en las contrataciones administrativas “para que calquera cidadán obteña a información que precisa”. Recordaba que la ley obliga a publicar toda la información y que su grupo ha solicitado 23 expedientes en los últimos tres años, de los que solamente han tenido acceso a dos. Diego Fernández reconocía el retraso “que está a punto de solucionarse”, insistiendo junto con el alcalde en funciones, Manuel Dacal, en que “falta de transparencia, ningunha”. Asimismo, también por unanimidad, se aprobaba la segunda propuesta para que se elabore un inventario de bienes municipales, teniendo en cuenta que el que está disponible tiene más de 20 años.