La comisión de vecinos, que surgió en Punxín para defender la calidad del agua y un precio más reducido en la tasa municipal, espera que el Valedor do Pobo fije el número de recibos abonados, cuya cuantía debe devolver Aquagest a los afectados por la existencia de arsénico en el agua.
Los vecinos pretenden que sea esta institución, y así se lo han solicitado, la que apunte la fecha desde la que tienen derecho los afectados a dicha devolución, que está a punto de resolver la empresa, debido a que el agua no es apta para el consumo en pueblos como Vilar y Ventosela.
Por otra parte, el portavoz, Joaquín Moldes, acompañado por otros miembros de la comisión, anunciaba ayer en rueda de prensa que han solicitado un pleno extraordinario para reclamar la reducción del recibo del agua en un 50%, teniendo en cuenta que la gestión ha pasado a ser municipal, tras la rescisión del contrato con Aquagest, que la comisión se atribuye como un logro.
El Valedor resolvió que a los afectados por el arsénico no se les puede cobrar el agua y el asunto incluso llegó al Parlamento de la mano de los socialistas reclamando garantías sanitarias en el suministro. La respuesta ha llegado con el anuncio de la ejecución de la segunda fase de un nuevo bombeo en el río Miño, que dará cobertura a Punxín, San Amaro y Cenlle.
Finalmente, este sábado tendrá lugar un foro de federaciones vecinales sobre la privatización de los abastecimientos. En este debate se abordarán los perjuicios que ocasiona a los vecinos y la conveniencia de una gestión municipal.
