La fiscal pide dos años de cárcel para un sacerdote por abusos

La Fiscalía ourensana considera a un sacerdote que ejerció en varias parroquias de Avión en el año 2006, Pablo Serafín E.D., responsable de un delito de abusos sexuales a un menor de edad -10 años- al que preparaba para la Primera Comunión. Por esta razón, reclama una pena de dos años de prisión para el sacerdote y la prohibición de comunicar y aproximarse al chico, a una distancia de 300 metros, durante tres años. La acusación pública fija la indemnización a la víctima, que ahora ya es mayor de edad, en 10.000 euros para resarcirla de los daños morales supuestamente ocasionados. Los hechos que se ventilarán en uno de los juzgados penales de la ciudad ocurrieron hace 14 años cuando durante aquel verano el sacerdote preparaba al perjudicado para recibir el sacramento de la Comunión. Las clases de catequesis se impartían de manera individual en la casa parroquial en la que residía el acusado. El menor acabaría explicando años después que durante el periodo que duraron las clases en más de una ocasión el sacerdote recibió al menor en calzoncillos. Según sostiene la fiscalía, "con ánimo libidinoso le tocaba los muslos al tiempo que le decía lo bonitas y fuertes que eran sus piernas". El denunciado, según la versión que dio el joven, le acariciaba la espalda llegando incluso en una ocasión a tocarle los genitales mientras ambos estaban sentados en el sofá. Los especialistas forenses evaluaron a la víctima y apreciaron trastornos psicológicos derivados de un cuadro depresivo, además de serle diagnosticada ansiedad y baja autoestima. Estos trastornos le causan "una fuerte emocionalidad negativa y le provocan sentimientos de indefensión, vulnerabilidad y pérdida de confianza en sus semejantes", recuerda la fiscal en el escrito de calificación incorporado al procedimiento penal. La Audiencia dijo sí al juicio La Audiencia provincial rechazó el pasado mes de mayo archivar el caso tal como pedía el sacerdote, que niega los hechos. La sala reconocía la escasa prueba, limitada a la declaración del perjudicado, pero consideraba que debía celebrarse el juicio para dirimir la responsabilidad del imputado con la pertinente valoración de la prueba, el análisis de los parámetros de veracidad o la incidencia psicológica. La Diócesis de Ourense apartó cautelarmente al denunciado de su labor pastoral cuando se presentó la denuncia en 2017 e inició el proceso de investigación canónica. Ante la falta de indicios sólidos sobre su culpabilidad, y teniendo en cuanta las peticiones de los feligreses, se le volvió a permitir ejercer, aunque con ciertas restricciones . Posteriormente, el obispado tras el avance de la investigación judicial, de acuerdo con los actuales protocolos vigentes de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, acordó de nuevo apartarlo de forma cautelar para así "evitar el escándalo, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la Justicia mientras el procedimiento no concluya" .