PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL

Un auto judicial urge la demolición en un mes del polideportivo de Quins

photo_camera La alcaldesa, Cristina Francisco.

Acusa a la alcaldesa de Melón de "ignorar y eludir" una orden firme

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Dos de Ourense ha solicitado a la alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vilchez, que ejecute "sin más dilación indebida" la orden de demolición del polideportivo de Quins, equipado con guardería, gimnasio y otros servicios.

El juez acordó "requerir personalmente" a la regidora para que derribe el edificio en el plazo de un mes y medio bajo apercibimiento "de una multa coercitiva" de entre 150 y 1.500 euros, advirtiendo a Cristina Francisco de que podría incurrir "en una posible infracción penal de desobediencia a mandato judicial" si opta por no ejecutar la demolición del polideportivo, que ya ordenada por el TSXG en una sentencia del pasado mes de noviembre, que hizo firme una anterior del Contencioso-Administrativo Dos de Ourense, que estimó que el edificio fue construido en terreno no apto urbanísticamente. De hecho, el PXOM aprobado por el Concello y posteriormente anulado avalaba esta infraestructura.

Esta resolución resuelve las alegaciones de un vecino de Melón ante la no ejecución del derribo del edificio. Según el escrito de alegaciones, la alcaldesa, la secretaria y el técnico municipal incumplieron su obligación de ejecutar la providencia judicial y les acusa de "pretender eludir y burlar la sentencia", mientras continúan las obras en el polideportivo "consciente de su ilegalidad" y con el "ilícito" propósito de ocuparlo y abrirlo incumpliendo la normativa urbanística.

El escrito del denunciante, presentado el pasado 15 de abril, tacha la actuación de Cristina Francisco de "muestra clara, patente, manifiestamente clamorosa y groseramente ilegal".

El fallo estimó este recurso y "ordenó" a la alcaldesa de Melón a "incoar, tramitar y resolver" la reposición de la legalidad urbanística en el lugar donde se encuentra el polideportivo, "restaurando el bien al estado anterior a la ejecución de las obras ilegales". Las alegaciones indican en sus argumentos que la "negativa expresa o implícita" a cumplir una resolución judicial "es un atentado contra la Constitución", y en este caso, es patente el incumplimiento y la "franca desobediencia" de los responsables de ejecutar la orden.

El escrito relata que la alcaldesa, la secretaria y el técnico municipal sabían que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) había instado en noviembre de 2011 a adoptar las medidas de reposición de la legalidad urbanística ante las infracciones detectadas "y no se hizo hasta ahora". Además, recuerda que en junio del pasado año Francisco encargó informes técnicos para "dilatar" cuatro meses y cinco días el cumplimiento de la orden.

El denunciante pidió la ejecución de la sentencia y en noviembre de 2014 el Concello inició un expediente de reposición de la legalidad y "solicitó por segunda vez informes innecesarios omitiendo dolosamente medidas y sanciones", y en contra de la norma, "no tiene el menor reparo" en acordar la adopción de medidas cautelares "con el fin de garantizar el uso y actividad del polideportivo en cuestión".

El caso del multiusos de Quins no es el único que afecta este Concello, ya que el polideportivo de Melón también cuenta con sentencia firme de derribo por incumplir la normativa en lo que se refiere a Bienes de Interés Cultural, ya que su construcción dejó un esqueleto metálico a menos de cien metros del monasterio de Santa María de Melón.

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