El Gobierno ha decidido prorrogar 25 años la concesión de la minicentral hidroeléctrica que explota el río Cerves, situada entre Ribadavia y Melón, aguas arriba de las surgencias del Prexigueiro. Era justo la siguiente central en ver su concesión caducar, en 2025, pero se seguirá explotando hasta 2050.
La central de río Cerves comenzó a funcionar en el 2000 con poco más de 2.000 litros por segundo concedidos y ahora podrá hacer reformas para ampliar en un 50% el caudal. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, que el 16 de junio publicaba una resolución de la Dirección General del Agua por la que se autoriza la modificación de la concesión, otorgada a Naturgy. El caudal concesional será de 3.300 litros por segundo, frente a los 2.200 l/s que se derivan del río ahora. La potencia instalada, una vez se acometa la reforma, pasará de 5.000 a 8.095 kilowatios. Eso sí, la empresa no podrá detraer agua del río entre julio y septiembre y solo 2.005 l/s de abril a junio. El resto del año podrá disponer el agua concedida en un tramo de 5,1 kilómetros del río.
La decisión de prorrogar la concesión choca con la petición del Concello de Ribadavia, que el pasado mes de abril aprobaba en pleno de forma unánime, a petición del BNG, rechazar una ampliación de la concesión para que ésta revirtiese al Estado y permitiese reportar beneficios a concellos y comunidades de vecinos. Algo que no se ha hecho, al no exigirse en esta prórroga más que realizar un plan de seguimiento sobre la afectación que las obras tengan sobre el afloramiento termal de Chan do Baño.
La ampliación de la central no estuvo exenta de polémica. La asociación ecologista Coto do Frade lo denunció en la Fiscalía de Medio Ambiente en 2012, al recogerse el río Cerves como zona de “especial protección ambiental” en el Plan Hidrológico. PP, PSOE, BNG y ecologistas alegaron en 2014, llegando los socialistas a llevarlo en repetidas ocasiones al Senado. Todos temían las “consecuencias ambientales, económicas y termales” que la ampliación de la concesión tendría y se llegó a crear una plataforma con 15 asociaciones en oposición al proyecto. Pero con el Gobierno del PP en Madrid se avanzó y ha sido ahora uno encabezado por el PSOE el que lo ha acabado de aprobar.
