Isabel García Tejerina inició y, en su mayor parte continuó, una serie de iniciativas positivas en política agraria de la legislatura anterior
Oficialmente 2016 se cerró con una cifra record en el valor de la Producción Final Agraria con 46.500 millones de euros, una estabilización en el montante pagado por el sector en medios de producción en unos 21.000 millones de euros y, por primera vez en los últimos años, con un incremento de la renta agraria del 5,1% hasta superar los 25.525 millones de euros tras un largo periodo de deterioro real en la rentabilidad de la actividad agraria si se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Sin embargo, frente a esos datos positivos y ante 2017, la realidad es que, en el sector, según las valoraciones de las organizaciones agrarias, domina una sensación de preocupación por el comportamiento de los precios, la falta de mecanismos para la gestión de los mercados, especialmente por el poder dominante de la distribución o la futura PAC.
Isabel García Tejerina inició y, en su mayor parte continuó, una serie de iniciativas positivas en política agraria de la legislatura anterior. En unos casos, las mismas deben seguir y mejorar su andadura; en otras se trata de propuestas o filosofía que no se han puesto en marcha, bien por falta de recursos o por la complejidad que supone su aplicación debido a la dispersión de competencias entre la Administración central y las comunidades autónomas donde unos por otros, la casa sin barrer.
Son innumerables las cuestiones sobre las que se puede y se debe actuar en 2017 en materia de política agraria para avanzar, desde las actuaciones más ligadas al medio rural, hasta las relacionadas con el comportamiento de los mercados donde en la última década Bruselas procedió al desmantelamiento de la mayor parte de los mecanismos de regulación. Pero, entre todas ellas, hay una decena que se podrían considerar como prioritarias:
1. Perfeccionamiento en la aplicación de las políticas para lograr el equilibrio la cadena alimentaria. La Ley ha sido positiva, pero se ha demostrado insuficiente y, bien por la vía normativa o por acuerdos y más compromisos con Economía y las comunidades autónomas, es preciso seguir actuando, en unos casos ante las industria y, sobre todo ante la gran distribución para que no sigan lo abusos a los proveedores, marcando precios bajando la rentabilidad en la industria y de los agricultores y ganaderos con ventas de oferta o a pérdidas
2. La política de la gran distribución no es ajena a lo que sucede en una serie de mercados agrarios. Pero, además de ello, el sector agrario sufre la falta de mecanismos para la regulación de los mismos, así como de unos instrumentos suficientes para la gestión de las crisis donde las acciones comunitarias llegan tarde y de forma escasa. En el funcionamiento negativo de los mercados, el propio sector también debe asumir, en muchos casos, sus propias responsabilidades por su recelo a estar integrados en organizaciones asociativas con mayor capacidad para defender sus intereses. La Ley de Integración asociativa está ahí, con fondos para su desarrollo más allá de lo hecho en 2016.
3. Al igual que con los precios de venta de los productos agrarios, se debería promover una mayor transparencia en la formación de los precios pagados por el sector agrario para producir. En una economía de libre mercado no es posible una limitación o control de los precios, pero sí saber dónde se producen los incrementos, si hay razones que los justifiquen y tratar de evitar situaciones de monopolio u oligopolio donde unos pocos grupos se reparten los mercados, pactan precios o territorios donde operar a sus anchas.
4. Además de organización, una de las armas que un sector puede tener en sus manos para defender mejor sus intereses es la información amplia, veraz y a su debido tiempo, que el sector agrario disponga de todos los elementos posibles a la hora de producir y comercializar sus productos. Ahí estaría la tarea de una Administración central donde se supere la fase de las estadísticas para las hemerotecas, porque llegan tarde, y donde se ofrezca con las nuevas tecnologías información puntual sobre producciones y mercados y donde también tiene una gran responsabilidad las Comunidades Autónomas y las delegaciones provinciales para salir de los despachos y llegar a pie de campo, no solo para cargarse, como ha sucedido en varias CCAA a las cabañas ganaderas por tuberculosis, Castilla y León o Extremadura, sin vigilar ni controlar a la fauna salvaje.
5. Es preciso seguir mejorando la política de seguros agrarios para que, lo que se ofrece responda al coste de los mismos, avanzar para que el seguro ofrezca una seguridad en los ingresos-rentas de quienes los suscriban y que los mismos no se vean como un parche frente a una crisis
6. Atención para que los acuerdos comerciales que suscriba la Unión Europea no sean un coladero frente a los intereses de los productores comunitarios y que se impongan las cláusulas de salvaguarda necesarias para su protección, como hacen los demás países fuera de la UE. En dirección contraria, la exportación agraria y alimentaria es uno de los motores de la economía e instrumento clave para seguir produciendo en los actuales niveles en el sector agrario
7. Se impone la política de innovación, mejora de estructuras y aplicación de las nuevas tecnologías en el sector agrario para mantener una posición de competitividad.
8. La Política Agrícola Común constituye un eje para la renta agraria de una buena parte de los sectores. Este año será clave para la definición de por dónde se pretende siga la misma. Por ello es importante la posición que se plantee desde todo el sector español, de las Comunidades Autónomas y de Agricultura y de las directrices que se diseñen en Bruselas, en materia de presupuestos y de la distribución de los mismos donde cada vez tendrán más peso las cuestiones de cambio climático y del medio ambiente.
9. La incorporación de los jóvenes es fundamental para el futuro de la actividad agraria y para ello, además de las ayudas previstas es preciso la aplicación de otras políticas fiscales y de todo tipo, sobre todo rentabilidad en su actividad, que favorezcan su apuesta por ser agricultores y, sobre todo, ganaderos
10. Y, además, avanzar, en coordinación con otros departamentos y comunidades autónomas con una mayor apuesta por el medio rural para evitar su abandono donde juegan un papel clave las cabañas ganaderas extensivas. Decía la ministra cuando se hablaba de competencias en el medio rural, que su obligación no era construir tanatorios en el medio rural. Es cierto. Pero sí evitar que dentro de unas décadas en ese medio rural no haya ni tanatorios porque se ha convertido en un desierto.
