Pilar de Lara tiene previsto llamar a declarar a más personas relacionadas con los sobornos

23 detenidos después, la jueza dejará de arrestar imputados

El sede judicial de la plaza de Avilés de Lugo vivió ayer un día raro. Sin abogados, periodistas, fotógrafos o ciudadanos apostados a sus puertas en busca de claves de una operación policial, bajo la llave del secreto sumarial, que ha hecho dimitir a dos alcaldes, el popular Adolfo Gacio -Boqueixón- y al socialista Francisco Rodríguez -Ourense-, además de provocar la retirada del edil Fernando Varela (BNG) de la Corporación de la ciudad.
Sin olvidar que ha llevado a prisión a tres de sus principales inculpados: Gervasio Rolando Rodríguez Acosta (presidente del grupo empresarial Vendex); Francisco Liñares (exedil de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil) y Javier Reguera (delegado de Doal y encargado de la ORA en Lugo).

Ayer viernes ni hubo arrestos ni la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, interrogó. Desde el pasado día 20, han pasado por su despacho 23 detenidos -Tkachenko, Garbancito, El Bigotes, El Chino, entre otros-, quienes salieron con un auto de imputación bajo el brazo por delitos como el tráfico de influencias, el cohecho o la falsedad documental. Todos ellos de distinto pelaje: funcionarios , empresarios y políticos, estos últimos, según los investigadores de Vigilancia Aduanera, los destinatarios de los regalos (principalmente relojes Rólex, cajas de vino o viajes a Madrid) o pagos realizados por Vendex para obtener o, en muchos casos, mantener contratos. Un conglomerado empresarial dedicado a prestar servicios externalizados tales como la ORA, la grúa o la limpieza.

Aunque la primera fase de la Operación Pokemon se cerró con 23 imputados, habrá más. La magistrada baraja una serie de nombres que serán citados pero sin ser detenidos. Según fuentes de la investigación, no se hay riesgo de que destruyan pruebas incriminatorias. Y, entre ellos, desfilarán más políticos. De hecho, uno de los nombres barajados es el del alcalde de Lugo, José López Orozco (PSOE), aunque también los tentáculos se extienden hacia Santiago y más allá del Padornelo.

La desarticulación de la trama, cuyos principales artífices estaban siendo investigados desde hacía dos años, se dividió en dos bloques de 13 y 10 detenidos. Entre los primeros, figuraron personas a las que se les pinchó por orden judicial el teléfono como, por ejemplo, el alcalde de Ourense; el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil o los directivos y delegados de Vendex. En este grupo matriz está la persona clave en la investigación: Javier Reguera, el funcionario municipal en excedencia de Lugo , imputado en el caso Carioca contra la explotación sexual. A la instructora de ese sumario, otra vez De Lara, le llamó la atención el ingente patrimonio que tanto él como su esposa habían acumulado. Llegó a declarar en apenas una década 220.000 euros limpios, en la compraventa de pisos o fincas.

Entre los primeros detenidos, también estuvieron directivos de Vendex, con su presidente a la cabeza, quienes reconocieron en los interrogatorios los pagos realizados a los políticos mediante sobres de 3.500 euros mensuales remitidos por Seur desde las oficinas centrales de Madrid (en las conversaciones telefónicas se alude a 'paquetes de pintura' o 'la prensa').


SEGUNDA SEMANA

A lo largo de esta semana, la togada ordenó la detención de 13 personas. Muchos de ellos, empresarios a los que involucró Francisco Liñares. En el transcurso del interrogatorio de 10 horas, no tuvo miramientos en confesar que recibía sobornos tanto en su etapa como concejal de Urbanismo en Lugo como cuando ostentó la presidencia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Y hasta cuantificó los 'donativos', según sus propias palabras: unos 300.000 euros donados por cerca de 50 firmas y empresarios. Parte de ese dinero, según su confesión, lo compartió con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, y Javier Reguera.

Entre los detenidos esta semana también figuraron el edil de Deportes del Concello de Ourense, Fernando Varela, y el jefe de la Policía Local de Ourense, Abelardo Ulloa. En el primer caso, por supuestamente favorecer, a cambio de 6.000 euros, a PAU (Procedimiento de Aseo Urbano), un filial de Vendex, a la hora de renovarle la limpieza de instalaciones deportivas en enero de este año -el contrato ya data de la época en la que gobernaba Manuel Cabezas (PP)- En el segundo, por apoyar a Doal, a cambio de dinero, en la concesión de la grúa y ORA a Doal en el año 2006.

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