El temor a posibles conflictos ha elevado la suscripción de garantías que faciliten la resolución de los problemas entre propietarios e inquilinos en casos de alquiler. En concreto, 2.964 contratos en Ourense se adhirieron al Plan Nacional de Alquiler Garantizado desde su creación (en 2004, aunque se extendió a partir de 2006) y hasta marzo de 2008. De ellos, 71 derivaron en conflictos, de los que el 80% se debieron al impago de la renta de alquiler, que fueron resueltos por la Corte de Arbitraje. Miguel Ángel Un cartel anuncia un piso que se alquila, en la Praza Maior de la ciudad.
La preocupación por los problemas que puedan surgir con los inquilinos de un piso es uno de los principales argumentos que retrae a los propietarios que analizan la posibilidad de sacar sus viviendas vacías al mercado del alquiler. Además, si tienen que recurrir a la vía judicial, el problema se demora durante meses (el tiempo medio está situado en un año) y supone un notable desembolso económico (una media de 1.500 euros por caso).
De ahí que en los últimos meses esté incrementándose el interés por los sistemas que ofrecen medidas de protección ante posibles problemas, que faciliten una rápida solución del caso y a un coste bajo. En este sentido, y para fomentar la seguridad en los arrendamientos, la Corte de Arbitraje Económico de Derecho (entidad promovida por el Gobierno para facilitar la resolución de conflictos sin recurrir a la vía judicial) ha puesto en marcha el Plan Nacional de Alquiler Garantizado (PNAG), dentro del que se creó una Garantía de Alquiler, impreso que se incluye en los contratos para suscribirse a este sistema de resolución de conflictos. En Ourense han sido 2.964 los contratos de arrendamiento que incorporaron este impreso desde su creación en 2004 (aunque realmente su aplicación se intensificó a partir de 2006) y hasta marzo de 2008, último dato disponible. La conflictividad afectó a un 2,4% de los alquileres firmados en la provincia con esta cláusula arbitral ya que, de los 2.964 contratos que la incluían, 71 tuvieron que recurrir a la mediación. Casi cuatro de cada cinco conflictos (en concreto, 56 de los casos referidos) se debieron a falta de pagos de la renta de alquiler por parte de los inquilinos. El segundo problema más común es el impago de recibos de los gastos de suministro. Menos frecuentes fueron los de daños en el inmueble, con dos casos, y las obras no consentidas, también dos. Además, ninguno de los conflictos registrados en Ourense se debe a subarriendo de la vivienda o cesiones no consentidas, otro de los conflictos comunes.
En Ourense hay 31 inmobiliarias suscritas a este programa, lo que supone algo menos de la cuarta parte de las aproximadamente 130 qeu se contabilizan en la provincia (ya que no existe un registro oficial).
Coste La suscripción de esta garantía en el contrato de arrendamiento tiene un coste total y único de 52 euros. En el supuesto de que se produzca un conflicto, conlleva también un importe de 90 euros en costas y 55 euros en gastos administrativos, que deberán ser asumidos por el condenado.
El tiempo medio de resolución de las desavenencias a través de la Corte de Arbitraje estaba situado en unos tres meses, si bien desde el pasado 1 de junio, este organismo asumió el compromiso de emitir una sentencia firme en todos los problemas que se registren en un plazo máximo de 30 días.
Auge del mercado de arrendamientos
El mercado del alquiler ha experimentado un notable auge en los últimos meses en Ourense, según constatan desde las agencias inmobiliarias, derivado de la ralentización de las compraventas por la subida de los tipos de interés y por la puesta en marcha de las medidas del Gobierno central para ayudar a la emancipación de jóvenes. De hecho, en las agencias constatan la escasez de pisos para alquilar. Esto ha elevado también el precio de los inmuebles arrendados, cuyo coste medio para una vivienda de dos dormitorios en buen estado se sitúa entre 400 y 450 euros, y supera los 500 en tres habitaciones.
Esta demanda está facilitando la salida al mercado de viviendas vacías que, en el caso de la ciudad, rondaba las 10.000 en 2001 (fecha del último Censo de Viviendas realizado, aunque el mercado inmobiliario ha cambiado notablemente desde entonces).
Otras iniciativas En Ourense existen, asimismo, otras iniciativas para garantizar la seguridad en caso de arrendamientos, como la promovida por la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense. La entidad ha formalizado un convenio con varias agencias inmobiliarias para que incluyan una cláusula de resolución de conflictos mediante árbitros de la entidad y evitar la vía judicial.
De ahí que en los últimos meses esté incrementándose el interés por los sistemas que ofrecen medidas de protección ante posibles problemas, que faciliten una rápida solución del caso y a un coste bajo. En este sentido, y para fomentar la seguridad en los arrendamientos, la Corte de Arbitraje Económico de Derecho (entidad promovida por el Gobierno para facilitar la resolución de conflictos sin recurrir a la vía judicial) ha puesto en marcha el Plan Nacional de Alquiler Garantizado (PNAG), dentro del que se creó una Garantía de Alquiler, impreso que se incluye en los contratos para suscribirse a este sistema de resolución de conflictos. En Ourense han sido 2.964 los contratos de arrendamiento que incorporaron este impreso desde su creación en 2004 (aunque realmente su aplicación se intensificó a partir de 2006) y hasta marzo de 2008, último dato disponible. La conflictividad afectó a un 2,4% de los alquileres firmados en la provincia con esta cláusula arbitral ya que, de los 2.964 contratos que la incluían, 71 tuvieron que recurrir a la mediación. Casi cuatro de cada cinco conflictos (en concreto, 56 de los casos referidos) se debieron a falta de pagos de la renta de alquiler por parte de los inquilinos. El segundo problema más común es el impago de recibos de los gastos de suministro. Menos frecuentes fueron los de daños en el inmueble, con dos casos, y las obras no consentidas, también dos. Además, ninguno de los conflictos registrados en Ourense se debe a subarriendo de la vivienda o cesiones no consentidas, otro de los conflictos comunes.
En Ourense hay 31 inmobiliarias suscritas a este programa, lo que supone algo menos de la cuarta parte de las aproximadamente 130 qeu se contabilizan en la provincia (ya que no existe un registro oficial).
Coste La suscripción de esta garantía en el contrato de arrendamiento tiene un coste total y único de 52 euros. En el supuesto de que se produzca un conflicto, conlleva también un importe de 90 euros en costas y 55 euros en gastos administrativos, que deberán ser asumidos por el condenado.
El tiempo medio de resolución de las desavenencias a través de la Corte de Arbitraje estaba situado en unos tres meses, si bien desde el pasado 1 de junio, este organismo asumió el compromiso de emitir una sentencia firme en todos los problemas que se registren en un plazo máximo de 30 días.
Auge del mercado de arrendamientos
El mercado del alquiler ha experimentado un notable auge en los últimos meses en Ourense, según constatan desde las agencias inmobiliarias, derivado de la ralentización de las compraventas por la subida de los tipos de interés y por la puesta en marcha de las medidas del Gobierno central para ayudar a la emancipación de jóvenes. De hecho, en las agencias constatan la escasez de pisos para alquilar. Esto ha elevado también el precio de los inmuebles arrendados, cuyo coste medio para una vivienda de dos dormitorios en buen estado se sitúa entre 400 y 450 euros, y supera los 500 en tres habitaciones.
Esta demanda está facilitando la salida al mercado de viviendas vacías que, en el caso de la ciudad, rondaba las 10.000 en 2001 (fecha del último Censo de Viviendas realizado, aunque el mercado inmobiliario ha cambiado notablemente desde entonces).
Otras iniciativas En Ourense existen, asimismo, otras iniciativas para garantizar la seguridad en caso de arrendamientos, como la promovida por la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense. La entidad ha formalizado un convenio con varias agencias inmobiliarias para que incluyan una cláusula de resolución de conflictos mediante árbitros de la entidad y evitar la vía judicial.
