OPERACIÓN POKEMON

Abierto juicio oral a siete ediles de Santiago

photo_camera Adrián Varela.

El Juzgado de instrucción número uno de Santiago notificó ayer el auto de apertura de juicio oral contra siete concejales del PP de Santiago por presunta prevaricación, al haber acordado en junta de gobierno pagar con fondos públicos la defensa de un imputado en la operación Pokemon. 

Ana López Suevos, la jueza, toma esta decisión después de que la Fiscalía solicitara nueve años de inhabilitación para estos concejales. La fiscal Aránzazu San José resalta que el informe de la asesoría jurídica municipal "expone claramente" que sólo puede costearse el abogado de un concejal cuando la imputación tenga su origen o causa en el cumplimiento de sus funciones, sin que las actuaciones se hayan llevado a cabo "con abuso" o guarden relación con "intereses particulares propios". Varela está imputado, en el marco de la operación Pokemon por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

La pasada semana López Suevos dictó otro auto para convertir el procedimiento contra estos concejales en abreviado, por lo que daba diez días a la Fiscalía para hacer acusación o pedir el archivo de la causa.

El auto de la magistrada también da a los imputados un plazo de tres días para designar abogados y luego diez más para formular escrito de conformidad o disconformidad con la acusación. Los concejales del gobierno local compostelano imputados que decidieron en Junta de Gobierno adoptar este acuerdo son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. A esta junta no asistió el alcalde, Ángel Currás.

Pese al acuerdo adoptado por estos siete concejales en junta de gobierno, finalmente no se hizo ningún desembolso y el concejal de Deportes está costeando su defensa con sus medios.

Por otra parte, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) salió en respaldo de la magistrada, al rechazar en un escrito comentarios publicados que cuestionan la independencia de la titular del número 1 de instrucción.

Otras imputaciones

Diez de los trece miembros del grupo municipal del PP en Santiago, incluido su alcalde, Ángel Currás, están imputados en alguna de las seis causas abiertas en los últimos dos años en este Concello.

Además, otro concejal del PP ha dimitido por estar imputado en una de estas causas y haberle sido impuesta libertad bajo fianza, la misma situación que un ex asesor del anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, que a su vez está imputado y que dimitió por otra causa, en la que fue condenado por fraude fiscal.

También está imputado un concejal de la oposición, Bernardino Rama, del PSOE.

Ayer mismo, la portavoz del gobierno municipal de Santiago, María Pardo, proclamó su inocencia e insistió en su creencia de que el Gobierno local terminará el mandato, pese los casos judiciales en que están inmersos miembros de la corporación.

El PP gallego pondrá en conocimiento del comité de garantías la decisión de la jueza y estudiará las distintas opciones. 

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