El ourensano Víctor Valladares, que denunció al Gobierno por el 8-M de 2020, ingresa en prisión

Concentracion 8-M en Ourense EN 2019.
photo_camera Concentracion 8-M en Ourense EN 2019.
El letrado está pendiente de varios juicios en la prisión de Soto del Real (Madrid), y se le acusa de delitos de estafa, intrusismo profesional y suplantación de identidad, entre otros

El abogado ourensano Víctor Valladares, que presentó el 19 de marzo de 2020 una denuncia contra el Gobierno por no cancelar las manifestaciones del 8-M en el contexto de la irrupción del covid y su expansión internacional, ha ingresado en prisión después de ser condenado en varias ocasiones por estafa a clientes, según informaba eldiario.es.

Ahora está pendiente de varios juicios en la prisión de Soto del Real (Madrid), y se le acusa de delitos de estafa, intrusismo profesional y suplantación de identidad, entre otros.

Víctor Valladares.
Víctor Valladares.

Así explicaba para las páginas de La Región en 2020 la presentación de su denuncia al Gobierno, amparándose en las muertes provocadas por la pandemia y en el conocimiento previo a las manifestaciones de marzo, mes en el que se celebraron esta y otras concentraciones, así como encuentros deportivos y culturales, y comenzaba a hacerse pública la irrupción y expansión mundial del coronavirus.

 "Aunque hay quien me ha acusado de oportunismo, lo cierto es que esto lo he presentado a título personal, no como abogado; he constituido una asociación, que aún no ha podido registrarse porque el Registro está cerrado, pero ahora mismo ya hay más de 7.000 peticiones para adherirse y no se solicita un céntimo, solo en caso de que se pidan fianzas o algo parecido se pondrá en conocimiento de los asociados y quien quiera ayudar que lo haga", defendía.

"En todo caso, he buscado en el diccionario de la RAE el significado de 'oportunismo' y dice que es aprovechar una situación y sacarle un beneficio, y en este caso el beneficio que saco es intentar descubrir la verdad y la responsabilidad penal del Gobierno. Por otra parte, es mi obligación, como lo sería de cualquier ciudadano porque el artículo 259 de Enjuiciamiento Criminal establece que toda persona que es testigo de un delito público está en la obligación de denunciarlo, so pena de ser multado, con lo cual, si somos absolutamente legalistas, podría haber una multa para los españoles por no denunciar esto. Eso sí, yo sabía que podría tener un recorrido mediático, pero me ha sorprendido la repercusión final", destacó el abogado.

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