El aumento de las muertes dentro de la cárceles españolas -atribuidas al consumo de drogas y suicidios- preocupa al Colexio da Avogacía de Ourense. Pese a que la incidencia en la prisión de Pereiro no es preocupante, según reconocen, a nivel estatal sí se aprecia un claro repute de los fallecimientos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias contabilizó 147 muertos en 2017 y 210 en el año 2018 (ninguno en Ourense). En 2019, a falta de datos oficiales, rondan las 159 (dos en Ourense por sobredosis y un suicidio).
Ante esta realidad, la Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario del Colexio da Avogacía de Ourense "muestra su respaldo a las soluciones apuntadas en los encuentros de Derecho Penitenciario de los colegios de la abogacía española celebrado recientemente en Barcelona. Entre ellas, proponen investigar con diligencia todas y cada una de las denuncias por tratos degradantes o inhumanos, con la inmediata intervención del forense, así como crear un registro de denuncias e investigar todas y cada una de las muertes producidas. En Ourense, según fuentes consultadas, se investiga todos los fallecimientos.
Asimismo, los letrados abogan por visitas de los inspectores e implementar sistemas de videovigilancia más efectivos o el diseño de programas de tratamiento específicos para cada persona presa y formación especializada "en prácticas restaurativas al cuerpo de funcionariado de los centros penitenciarios". Consideran importante garantizar la presencia de profesionales de la psiquiatría y psicología las 24 horas del día durante todo el año.
Los abogados ourensanos rechazan la propuesta de Instituciones Penitenciarias para contratar a profesionales sanitarios sin el MIR "al tratarse de una planteamiento que retrotrae a un sistema de asistencia sanitaria propio de hace 30 años".
