Vuelco total en el conocido como caso de las asistencias técnicas del Concello de Ourense en el que se vieron inmersos seis cargos del bipartito PSOE-BNG que gobernó en la ciudad entre 2007 y 2012, que recibe un nuevo aval judicial en otra de las denuncias a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos años y en las que no se probó ningún delito, algo que también entienden los magistrados en esta ocasión, a diferencia de hace año y medio por los mismos hechos.
Así, la Audiencia Provincial ha revocado el fallo dictado en febrero de 2018 por el Juzgado de lo Penal 2 por el que condenaba a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público de naturaleza electiva al exalcalde Francisco Rodríguez (PSOE), a la exedil de Urbanismo Áurea Soto (PSOE), al exconcejal de Rehabilitación Fernando Varela (BNG) y al exdirector xeral Xosé Carballido (BNG), quedando todos ellos absueltos tras haber sido aceptados los recursos que presentaron. Esta absolución se suma así a la dictada en la primera sentencia para la exedil de Vivenda Iolanda Pérez y el exdirector xeral de Rehabilitación Urbana Xosé Somoza.
"Volve a chegar moi tarde, pero todo isto segue pondo de manifesto que aquel foi un goberno honesto, do que eu síntome orgulloso", destaca Francisco Rodríguez tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial que no evita esa sensación agridulce de echar la vista atrás y recordar lo sucedido en el escenario político desde 2012: "O dano xa é irreparable e creo que hai que facer unha reflexión porque iso xa non volve. O que poñen de manifesto todas esas denuncias é que se quixo influír, terminando por levarse a un goberno por diante".
Irregularidades
Las magistradas dejan claro en su exposición de motivos que "si bien es cierto que la actuación de los acusados contravino la normativa y se pudo incurrir por los mismos en una irregularidad e incluso ilegalidad administrativa, por contravenir los límites contemplados para los contratos menores, aquella no merece el reproche penal".
Los hechos que se juzgaron estaban referidos a cinco contrataciones (tres arquitectos, una aparejadora y un asesor jurídico) en la modalidad de asistencias técnicas entre 2008 y 2013 para servicios en rehabilitación y urbanismo.
Aunque esas contrataciones no admitían prórroga, la adopción de la misma fue redactada por un técnico y contaba con un informe del jefe de servicio, "lo que permite cuanto menos cuestionar que los acusados actuaran a sabiendas de la comisión de una manifiesta ilegalidad", dice la sentencia sobre la actuación de Xosé Carballido y Fernando Varela.
Sobre los hechos que se le atribuían a Francisco Rodríguez, que como alcalde levantaba reparos del interventor municipal a diversas facturas, el fallo explica que "esas debían ser satisfechas", estando además el levantamiento de reparos amparado por informes, "lo que permite cuestionar la concurrencia de la ilegalidad palmaria que se le atribuye".
Además, al juzgar la "actuación relativa a la inactividad al mantener una situación de irregularidad", las juezas consideran que la "mera pasividad no puede integrar el tipo de delito analizado", reseñando que echar mano de las asistencias técnicas y la "conducta" del entonces regidor "resultaría justificada por la situación del Ayuntamiento, existiendo un interés público en mantener los contratos y evitar el riesgo de perder las subvenciones, habiéndose puesto en marcha actuaciones para solventar la problemática", algo que corroboró el sucesor de Rodríguez en la Alcaldía, el también socialista Agustín Fernández.
Los argumentos del fallo sobre el caso del exalcalde ourensano son también válidos para Soto, que reconoce el "alivio" por la sentencia, "ya que vemos como nos van dando la razón y poniendo las cosas en su sitio, ya que lo sucedido solo sirvió para desprestigiar".
“É unha chamada de atención ó poder xudicial", afirma Rodríguez
Las cicatrices todavía son visibles en las heridas provocadas por todos los acontecimientos judiciales en los cargos del gobierno bipartito. El exalcalde Francisco Rodríguez recuerda que siete años después de ser implicado en la operación Pokemon sigue sin ser juzgado y que a partir de aquel caso, que provocó su dimisión, empezaron a llegar diferentes denuncias hacia miembros de su equipo, algunas de DO como la del caso de ayuda a domicilio o las obras de Bedoya y Paz Nóvoa, por los que los ediles implicados fueron absueltos, o el de las asistencias técnicas, impulsado por dos sindicalista, Javier García Gago (CIG) y Julio Carlos Domínguez (USO).
"É unha chamada de atención ó poder xudicial, en que medida aceptan todo isto cando eran temas puramente administrativos", apunta Rodríguez.
En la misma línea, la exedil de Urbanismo Áurea Soto incide en que "teníamos la conciencia tranquila", resaltando que "eran actos puramente administrativos que jamás debían haber entrado en el ámbito penal, la sentencia es esclarecedora". n
