El extrabajador de una empresa de pulidos y pavimentos industriales acusó ayer a su jefe de falsificar sus nóminas para que su reclamación de salarios adeudados durante un año en el juzgado social no prosperase. En el procedimiento laboral, el empresario Adrián A.R. pretendía acreditar los abonos con nóminas firmadas por el empleado. Este último lo niega, tal como demostró una prueba caligráfica, por lo que interpuso una querella criminal que se ventiló ayer en la Audiencia de Ourense.
La fiscal y el denunciante acusaron por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa procesal. La primera pidió una condena de dos años de prisión y 10 meses multa a 12 euros al día, pero la acusación particular elevó las cifras a ocho años de cárcel, además de multa y 16.000 euros de indemnización por las cantidades adeudadas.
El administrador de la empresa no reconoce esa artimaña. Aseguró que le entregaba el dinero, entre 300 y 350 euros, cada semana en un sobre con la nómina en papel -una práctica aplicada a tres empleados- y el querellante le devolvía una copia firmada transcurridos unos días.
La versión del querellante fue distinta. Estuvo en la empresa en dos periodos distintos. Entre octubre de 2017 y agosto de 2018, en un primer momento. Según declaró, el empresario solo le daba dinero para las dietas y el combustible pero no le abonaba el salario por lo que optó por marcharse. Posteriormente, regresó porque “me prometió que iba a pagar los atrasos”. No lo hizo y se fue otra vez.
El letrado del inculpado insistió en la libre absolución porque, según su versión, “no hay pruebas de que la falsedad se pueda atribuir al acusado”. Nunca se pidió a su cliente el cuerpo de escritura para cotejarlo con la firma que aparece en las nóminas. Atribuye la denuncia a una treta del extrabajador ya que necesitaba dinero y no calibró la dimensiones del proceso penal.
La acusación particular no pasó por alto la gravedad de la estafa procesal: “LLevó nóminas falsas al juzgado de lo social para estafar a su señoría”. Y también lazó una pregunta en su alegato final: “¿Qué va a conseguir el trabajador falsificando su firma?”. Solo la mercantil y el administrador -añadió- se beneficiaban.
