Emilio José L.R. aseguró ayer en la sala de vistas de la Audiencia de Ourense que él no se quedó con el dinero de los alquileres del número 36 de la calle Cardenal Quevedo que gestionaba la empresa Roga Administradores de Fincas Orensanas SL. Trabajaba allí como auxiliar administrativo, y admitió que detectó un descuadre en las cuentas, que cifró en unos 20.000 euros, pero que se lo comentó a su jefe y administrador de la empresa, Ricardo R.S., quien también estaba imputado en este mismo procedimiento pero se archivaron las actuaciones contra él porque ya falleció. Este último, según la versión del único imputado, se responsabilizó del desajuste en la gestión de los arrendamientos, comprometiéndose a solucionar el incidente. Según aclaró ante los magistrados, Ricardo estaba perfectamente al corriente de la falta de dinero.
Emilio cobraba los alquileres de Cardenal Quevedo en mano, también el personal de la oficina, pero ese dinero se guardaba en carpetillas en un primer momento para después pasar a la caja fuerte. A final de mes se ingresaba en la cuenta de los arrendadores y al mismo tiempo denunciantes la cantidad que ordenaba el administrador.
Posteriormente, el hijo de la dueña del edificio explicó que era Emilio José L.R. a quien pagaban los inquilinos en mano. En el momento en que detectó que les faltaba dinero, se lo comentó al investigado, quien, según ese testigo, reconoció las apropiaciones y se comprometió a devolver el dinero, aunque nunca lo hizo, e incluso -dice- siguió con esa conducta delictiva durante el año 2013.
La fiscalía y las acusaciones particulares que ejercen los titulares del inmueble y uno de los socios de la empresa de fincas, quien en su día también estuvo en la causa como investigado porque llevaba la contabilidad de la empresa, acusan al ex empleado de Roga de un delito de apropiación indebida, aunque solicitan penas distintas. La representante del ministerio público, dos años y 10 meses de prisión pero también multa de nueve meses a 10 euros al día mientras que el socio de la empresa sube hasta los tres años y medio de cárcel y los propietarios del inmueble, seis años, 12 meses multa (100 euros al día) y 94.243 euros, los que dejó de percibir en concepto de rentas entre 2008 y 2012 pero también por consumos de agua y calefacción.
Este proceso penal se inició a raíz de una querella presentada por E.C.F.M., quien junto a su hermana son copropietarios de distintos inmuebles en la calle Cardenal Quevedo, todo ellos arrendados. Estos encomendaron a Roga el cobro de rentas a los distintos inquilinos así como los consumos de agua y calefacción para después ingresar ese dinero en una cuenta del BBVA.
Uno de los arrendatarios aseguró que en dos ocasiones le cortaron el suministro por impago de recibos pese a que él estaba al día en los pagos de los recibos de agua y luz.
Los propietarios, según dijo el hijo de la dueña, tenían plena confianza en Emilio, de ahí que no llevasen un control exhaustivo en los pagos hasta que en 2012 detectaron cambios. Estiman en algo más de 94 mil euros el dinero que dejaron de percibir en el periodo 2008-2012 (la fiscal en 80.376).
