Un acusado acepta la pena pero su compañera de banquillo dice que creyó que era un trabajo legal
Los casos de "phishing" volvieron a la sala de vistas de la Audiencia de Ourense. Y, como siempre ocurre en estos casos, los inculpados ("muleros") son las personas que contribuyeron a blanquear el dinero obtenido de forma ilícita por terceras personas sin identificar a través de internet, pirateando cuentas de particulares. En total, 21.256 euros de un matrimonio de Verín.
Juan Carlos Pinto y Margarita Herrera aseguraron que desconocían que su trabajo fuera ilegal: abrir una cuenta a su nombre en la que sus empleadores, que se anunciaban en internet con el logo del Ministerio de Trabajo y con el sello de la bandera de la Unión Europea, ingresarían de forma periódica cantidades de dinero que después debían retirar y enviarlas a través de mensajería -Wester Union- a Kiev (Ucrania) y Polonia. A cambio, obtendrían entre 1.600 euros y 2.000 mensuales, más un 5% de comisión.
Mientras que Pinto aceptó una condena de tres meses de prisión, 3.000 euros de multa y 9.600 de responsabilidad civil, tras una rebaja de la fiscal por dilaciones indebidas y la alternativa de blanqueo de capitales por imprudencia grave, la defensa de Herrera abogó por su absolución ya que desconocía la ilicitud de un trabajo que necesitaba con premura.
Los hechos ocurrieron en julio de 2012 cuando ambos acusados, que no se conocen, trabajaron como agentes mercantiles para una empresa con la que habían contactado a través de la Red. Sin contrato laboral ni afiliación a la Seguridad Social.
Juan Carlos Pinto explicó que "en aquellos momentos no le pareció extraño" el trabajo, ni le llamó la atención el envío de 9.365 euros a Kiev y a Polonia, porque había trabajado como intermediador inmobiliario y "es normal que haya inversiones extranjeras en España". El inculpado realizó cuatro transferencias, entre el cuatro y el cinco de julio de 2012.
Desahucio
Margarita Herrera explicó que encontró ese trabajo en un locutorio después de que una asistente social la animase a buscar empleo en internet porque tenía que hacerse cargo de su nieta y sobre su vivienda pesaba una orden de desahucio. "Estaba contentísima. Francamente, no sospeché. De haberlo sabido ni en sueños me meto", aseguró.
La mujer, que se trasladó al juicio desde Francia, en donde está trabajando en la campaña de la fruta, transfirió 11.621 euros a nombre de distintas mujeres en Kiev en dos envíos a través de Western Union y otros dos desde un locutorio. No le pareció extraño que la contratasen a pesar de no tener estudios porque "le habían dicho que la enseñarían".
La fiscal rebajó de forma considerable su petición inicial de tres años de prisión y una multa de 20.000 euros, por considerar que no existe delito de estafa informática, ya que el acusado no intervino en la retirada de los fondos de las cuentas. Para ella, pidió un año y medio de prisión, una multa de 25.000 euros y una indemnización al banco de 11.621 euros en concepto de responsabilidad civil. En este caso, no reconoce la atenuante por dilaciones indebidas al considerar que fue por culpa de la acusada que ""no fue localizada" por las autoridades judiciales.
La fiscal la considera responsable de un delito de blanqueo de capitales con "imprudencia grave" y falta de "cautela" por no haberle resultado "extraño" el sueldo que le ofrecían por un trabajo "como agente mercantil a pesar de tener sólo estudios de primaria".
La defensa instó la libre absolución de su cliente porque desconocía -aseveró- que el dinero que transfería "hubiera sido sustraído" y porque debido a la situación familiar y económica que vivía en esos momentos, y que finalmente provocaron el desahucio de su hogar, "no tuvo capacidad para analizar la situación". En su exposición, llegó a decir que la mujer también había sido una víctima de la trama".
