Los delitos contra el patrimonio en el rural centran una buena parte de los procedimientos que se ventilan en el los juzgados penales.
La fiscalía acusó este lunes a tres rumanos de una oleada de sustracciones en anexos a viviendas en el término municipal de Castro Caldelas y municipios cercanos en el verano de 2017. Entre los objetos del botín, figuraban desde sulfatadoras a calderas de cobre, taladros, soldadoras o motosierras.
La acusación pública reclamó ponas por hurto continuado (hasta 12 meses de prisión) en tanto que no consta que los inculpados utilizaran la fuerza para acceder al interior.
La Guardia Civil dio el alto a los acusados el 6 de julio de 2017 cuando transitaban por la carretera OU-536.
Los agentes pararon a una furgoneta blanca sospechosa en la que viajaban los inculpados. En un principio, el conductor hizo caso omiso a la señales de detención hasta que , tras recorrer medio kilómetros, optó por detener la marcha.
En la parte dedicada a la carga de la furgoneta, llevaban material metálico: desde cables de diversas tipología hasta maquinaria y una bicicleta.
En estos casos, los robos en municipios del rural suelen ser perpetrados por individuos que se desplazan desde la ciudad u otros municipios tras una selección de objetivos.
