Las administraciones deben reformar los pliegos de concursos no convocados antes del 9 de marzo
La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos ha supuesto la paralización casi total de las licitaciones por parte de las administraciones, que apenas han podido sacar a concurso un puñado de servicios y obras desde el 9 de marzo, dada la necesidad de adaptar los pliegos administrativos y técnicos de los procedimientos.
Este cambio de escenario provocó un aluvión de anuncios en los boletines oficiales (BOP, DOG y BOE) en la primera semana de marzo, muy por encima de la media habitual. Prueba de ello fueron las seis licitaciones publicadas por la Diputación el 8 de marzo, los procedimientos abiertos por el Concello de Ourense para contratar los equipos técnicos para las Fiestas, el servicio postal o la Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género, las apuestas de la Xunta por el nuevo aparcamiento o la cocina o los más de 80 millones que Adif destinó al AVE.
Esa "fiebre" licitadora contrasta con los boletines oficiales de las últimas semanas y los perfiles del contratante de las administraciones, que en los concursos que quieran convocar ahora deben primar otros aspectos además del precio, el principal criterio que se seguía para la mayoría de las actuaciones con la anterior legislación.
Solo en la ciudad, están afectados por esto procedimientos como las concesiones de transporte o de semáforos, la rehabilitación de la Plaza de Abastos o la contratación del plan islandés "Youth In Europe" para luchar contra el botellón, como confesaba a este diario la edil de Sanidade, Sofía Godoy.
Desde la Federación Galega de Municipios y Provincias, alertaban recientemente de que la nueva legislación supondría un "problema" para los concellos, especialmente los de menor tamaño. Entre otras cosas, supone la implantación total de la administración electrónica o mayores restricciones para los contratos menores.
La ciudad estudia crear un tribunal para los recursos
La nueva Ley de Contratos Públicos proporciona a las ciudades de mayor tamaño la posibilidad de crear un tribunal propio para resolver los recursos que se puedan presentar en los diferentes concursos que se convocan, sin que estos tengan que pasar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda con sede en Madrid.
En el Concello de Ourense, están valorando la posibilidad de configurar su propio tribunal, algo que ya han decidido, por ejemplo, en ciudades como Vigo. En el gobierno municipal entienden que podría suponer más agilidad en la resolución de concursos y evitar retrasos como el acontecido el año pasado, por ejemplo, en el de mantenimiento de las zonas verdes, que tardó más de un año en resolverse.
