Los cambios en la tramitación de los contratos menores, entre las principales preocupaciones
El cronómetro se pone a cero. Acaba de entrar en vigor, tras cuatro meses de transición, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, un extenso documento (347 artículos, 53 disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria, 16 finales y seis anexos) que ha recibido más de un millar de enmiendas durante su tramitación y que está suponiendo un quebradero de cabeza para entidades locales, universidades o empresas, que hablan de "incertidumbre" ante un nuevo escenario en una de las áreas más sensibles de la gestión.
A grandes rasgos, esta nueva legislación, que incorpora el contenido de dos directivas europeas, busca una mayor transparencia en las contrataciones públicas, reducir la influencia de los criterios económicos en las adjudicaciones con la aplicación en los pliegos de criterios sociales y medioambientales para una mejor relación calidad-precio, impone la obligatoriedad de que todos los trámites sean electrónicos y limita los contratos menores, cuya cuantía máxima baja hasta los 40.000 euros en el caso de obras y 15.000 euros en servicios y suministros.
Es precisamente, en la contratación menor, donde se asienta gran parte de la "incertidumbre", como reconoce la concejala en la ciudad Ana Fernández Morenza. "Nos preocupa la interpretación en los contratos menores, no por la cuantía, sino que algunos informes dicen que solo se puede tener una relación contractual con el mismo proveedor durante una anualidad, para algunos ayuntamientos eso puede ser una tortura", expone Morenza.
Coincide el jefe de servicio de gestión económica y contratación de la Universidad de Vigo, Jesús Bello Condide, que entiende también que las intenciones de los legisladores pueden chocar con la realidad de las administraciones y "conseguir o efecto contrario, porque se non podes contratar ás mesmas empresas, quen terá capacidade? Pois as grandes".
Desde la Diputación, sin embargo, su vicepresidente, Rosendo Fernández, destaca el trabajo realizado por la institución "para adaptarse, ya que empezamos en diciembre de 2013, dando ejemplo". Para evitar problemas en los pequeños concellos, la Diputación se pone al servicio de estos, aunque Fernández explica que "no nos han llegado muchas dudas por el momento".
Mientras, desde la Confederación de Empresarios de Ourense, la asesora jurídica María de Miguel indica que "era necesario un período de transición más amplio", incidiendo en que "hay muchas dudas y hasta que se generen los primeros conflictos no se va a saber muy bien cómo interpretar muchos artículos".
Posible colapso
¿Habrá retrasos en procedimientos? "Sí, claro que nos preocupa esto". Son palabras de Ana Fernández Morenza, que destaca el "acelerón" que se pegó durante las últimas semanas para licitar varios procedimientos, como los servicios postales o la casa de acogida a víctimas de violencia de género para evitar problemas.
"En estos momentos, tenemos en el departamento de Intervención 15 procedimientos y les va a afectar el cambio, habrá que reformarlos y reestructurarlos", expone la concejala de Contratación en Ourense. Entre los contratos que se dilatarán, se encuentran el del transporte público o la rehabilitación de la Plaza de Abastos.
Explica Morenza que los funcionarios "tienen orden de ponerse con los más importantes para agilizar el departamento".
