El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense admitió a trámite la querella de Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del PSOE en la Diputación de Ourense, contra el presidente del ente provincial, Manuel Baltar; el vicepresidente primero, Rosendo Fernández, y el entonces vicepresidente segundo, Miguel Caride, por denegar en el pleno del 31 de julio de 2020 al portavoz socialista ampliar la compatibilidad de su trabajo como profesor de universidad con su actividad política, que ejerce con dedicación exclusiva.
El juez Leonardo Álvarez abrió diligencias tras apreciar “características que hacen presumir la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa” por parte de los tres representantes de la Diputación, que votaron en contra de esta compatibilidad (como el resto del gobierno) y defendieron su voto en la sesión plenaria.
Desde el PSOE alegan que se efectuó esta votación en contra “a pesar de contar con informes técnicos favorables e incluso unha proposta de resolución favorable de Baltar” por “una cuestión persoal e unha persecución” contra el líder del PSOE y en respuesta al recurso que este presentó contra las ayudas a autónomos.
La decisión fue revocada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 en mayo de 2021 y por el TSXG este pasado octubre, lo que obliga a indemnizar al socialista. Ahora, Baltar, Fernández y Caride tendrán que declarar como investigados y el resto de la junta de gobierno pasarán en calidad de testigos.
