Ambas organizaciones coinciden en que son acusados por defender sus derechos y la educación pública
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG han mostrado hoy su "solidaridad" con siete estudiantes que se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión por los altercados ocurridos durante la jornada de huelga el 11 de octubre de 2012 en Ourense.
Ambas organizaciones coinciden en que son acusados por defender sus derechos y la educación pública y han enmarcado este juicio en un intento de "amordazar" a los manifestantes.
En un comunicado, AGE ha asegurado que este juicio es un claro "intento de criminalización de la protesta" en la calle, por lo que ha denunciado "las técnicas de represión y miedo empleadas por el Gobierno del PP" para "silenciar a la ciudadanía".
"Se trata de un claro intento de criminalización de la protesta que Alternativa Galega de Esquerda no se cansará de denunciar y contra la que seguirá a luchar", ha esgrimido.
Según esta formación, las "desproporcionadas condenas" que se piden para los siete estudiantes, "dejan clara la actitud amedrentadora del Gobierno", consistente en "amordazar la calle para que no se escuchen sus gritos y protestas contra su política de recortes, de destrucción de derechos sociales y de continua agresión a la ciudadanía".
En esta línea, el BNG ha denunciado públicamente "las identificaciones que se han producido durante la concentración de apoyo realizada este miércoles", convocada por diferentes plataformas coincidiendo con la celebración del juicio, bajo el lema 'Absolución para los siete estudiantes de Ourense #StopRepresión'.
En la nota remitida a los medios, los nacionalistas aseguran que mientras los acusados realizaban declaraciones a los medios, varias personas "fueron identificadas", aunque esperan "que no supongan ningún tipo de consecuencia en el futuro para los presentes".
"Es inadmisible ir apoyar solidariamente y ser identificada por coger una pancarta que pide la absolución" de estas personas, ha esgrimido la concejala nacionalista Ximena González, quien ha cuestionado la "ley morzada", detrás de la cual ve "sólo una parte de la ofensiva parafascista que pretende silenciar la protesta pública".
