Más de 100.000 vecinos de la provincia dependen de fosas sépticas, que muchos concellos son incapaces de mantener. ¿La factura? Para el medio ambiente
La fuerte dispersión territorial, la falta de financiación local y unas infraestructuras que, en algunos casos, no son del todo adecuadas para dar servicio a toda la población crean un importante desafío medioambiental en la provincia de Ourense. Casi uno de cada tres ourensanos tiene una red de desagüe no conectada a una depuradora –el sistema óptimo para el correcto saneamiento de las aguas para devolverlas al medio natural–, y trata sus aguas residuales a través de fosas sépticas o, en el peor de los casos, carece de sistema alguno –este último caso solo afecta a un 2% de los ourensanos, 159 núcleos de los 2.108 existentes en la provincia y 4.400 habitantes–.
La filtración de aguas residuales desde estos pozos negros y fosas sépticas está considerada como una de las causas principales de contaminación en la zona rural. Un deficiente mantenimiento o incluso un mal uso de las depuradoras existentes causa una concentración excesiva de compuestos nitrogenados y provoca imágenes dantescas en algunos núcleos el rural, en forma de vertidos contaminantes, una situación que viene siendo habitual desde hace años en algunos puntos.
Según la última Encuesta sobre Infraestructuras y Equipamientos Locales que recoge la Diputación, un total de 101. 934 habitantes de la provincia no tienen una red conectada a una Edar (estación depuradora de aguas residuales). La infraestructura del ciclo de agua cuenta, con datos actualizados a cierre de 2017, con 140 Edar, y 1.921 fosas sépticas; y hasta un total de 1.682 núcleos sin servicio de depuradoras. Concellos como Toén, Bande, Carballeda de Valdeorras, Muíños, Rubiá, Sarreaus, O Bolo, Manzaneda, Verea, Piñor, San Amaro, Lobeira, Gomesende, Chandrexa de Queixa, Quintela de Leirado, San Xoán de Río o Parada de Sil no tienen ningún tipo de depuradora en servicio, y prácticamente la totalidad de sus habitantes dependen del mantenimiento de las fosas sépticas, en muchos casos tupidas por un mantenimiento impreciso, o por un mal estado.
Hay 47 concellos adheridos al convenio de la Diputación para la limpieza de las fosas sépticas, y en el primer semestre de este 2018 fueron 28 los que solicitaron algún tipo de intervención.
"Hai un problema dos concellos para afrontar os custos", destaca el jefe de Medio Ambiente en el ente provincial, Javier Bobe, que resalta que del coste total del denominado ciclo del agua, el 60% se lo lleva la depuración, la captación y abastecimiento y el 10% el alcantarillado.
El problema de las tasas
El problema reside según Bobe en que no hay concienciación suficiente sobre las directrices de Europa: "Quien contamina, paga". Es decir, los concellos deben cobrar una tasa de depuración a los usuarios para que otras administraciones se planteen ayudar: "Cantos máis metros cúbicos uses, máis pagas". Sin embargo, indica Bobe, " a inmensa maioría de concellos non ten taxa específica de depuración". Y ahí llega el conflicto. Hay un problema para financiar el mantenimiento de ese complejo entramado de saneamiento. "Se plantexas que o financie outra administración sen cobrar taxas específicas aos usuarios, estarías permitindo que pagasen todos os cidadáns", añade Bobe.
En este punto, llega el conflicto, y el pato lo paga el medio ambiente: el Concello no quiere cobrar de más al ciudadano, pero no da abasto a la limpieza de estas redes primarias de saneamiento; y las demás administraciones no pueden ayudar si la entidad local no da el paso de cobrar tasas.
Y a todo esto se suma otro problema fundamental, el de aquellos municipios que tienen depuradora y la apagan para evitar los gastos, cada vez mayores por el encarecimiento de la luz. "Hai quen non gasta porque a ten apagada todo o ano", dice el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez. Los gastos de electricidad de las depuradoras compactas que colocó la Diputación de Ourense,–la primera remesa, en 2003– a través de un convenio el que hay 44 concellos adheridos oscilan entre 4.500 y 6.000 euros al año.
El alcalde socialista de Castrelo do Val, Vicente Gómez, alerta de la "difícil xestión do baleirado das fosas sépticas" y pone en el punto de mira a las depuradoras compactas, que son "demasiado gravosas". Sobre las fosas, señala que el deficiente vaciado de lodos genera un "grave impacto ambiental" . "Se non se cumpre e non se vixía, de nada valen", subraya. Así, cree que "se os concellos non somos capaces, algunha solución haberá que buscar".
Un estado del ciclo del agua "aceptable"
El diputado de Medio Ambiente, Pablo Pérez, sostiene que hoy en día "é delicado" dejar sin limpiar las fosas debido a la conciencia medioambiental, y que "hai sancións" si bien señala el problema de la dispersión de la provincia como desafío. En todo caso, el estado del ciclo de l agua es "aceptable", en general.
Cree que hay concellos que recurren a empresas privadas que llevan toda la vida en el mantenimiento "por comodidade" , ya que "xa saben onde están as fosas".
